La crisis en Venezuela afecta también a las cárceles

Las policías regionales y municipales cada vez que solicitan cupos en las cárceles del país para trasladar a los detenidos que permanecen hacinados en las comandancias, reciben siempre la misma respuesta: “No hay”.

Frente al exceso de población penal (más de 100 mil presos) en las cárceles con capacidad para 23 mil personas, mil 500 detenidos permanecen en las celdas de cuerpos policiales, afirmó el Observatorio Venezolano de Prisiones, lo que representa un hacinamiento de 461 por ciento en los 30 centros de detención de los organismos en los estados Vargas y Miranda, y en los municipios de este último: Chacao, Baruta, El Hatillo, Sucre, Libertador, Guaicaipuro (Los Teques), Los Salias (San Antonio), Zamora (Guarenas) y Plaza (Guatire).

En los centros de detención, por ejemplo, hay 26 presos en un retén que tiene capacidad para albergar a 12; en Poliguaicaipuro hay 120 y solo pueden estar 70, destacó el diario El Nacional.

Esto trae como consecuencia la aparición de los llamados avatares: son los presos que, debido al hacinamiento, duermen enrollados como orugas en los barrotes de la ventana, en cajas, en el piso y pegados a la puerta de la celda.

El Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad, organizaciones no gubernamentales, también han señalado las precarias condiciones en las que viven los detenidos en las celdas policiales de la Gran Caracas.

El problema de los alimentos, la atención médica y las enfermedades contagiosas son otros de los calvarios que padecen los reclusos.

En tanto, la comida corre a cuenta de los parientes y en el lenguaje de los presos existe el tildado como “el Frito”, quien no recibe alimentos porque no tiene familiares que se los puedan llevar y depende de que otros compañeros de celda compartan la comida con él o ella.

Una Ventana a la Libertad refiere en el informe 2016-2017 que en lo que va de año han muerto ocho presos –en centros de detenciones preventivos– por desnutrición y porque no existe ningún respeto a los derechos humanos de los reclusos ni de sus familiares.

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