Involucran a constructoras en peculado

Detecta desde el 2010 conductas delictivas de 15 constructoras por sobrevaluar las casas

Luego de cuatro años de inactividad, la Procuraduría General de la República (PGR) tendrá que determinar en los próximos meses si ejecuta, o no, acción penal contra representantes de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y 15 empresas que habrían incurrido en peculado y ejercicio indebido del servicio público.

Dos propuestas de conciliación emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dadas a conocer ayer por El Horizonte, obligan a la dependencia a determinar si consigna a exdirectivos de financieras y constructoras, así como a exfuncionarios de la institución hipotecaria.

La PGR señaló desde 2010 conductas delicitivas de las desarrolladoras y las Sofoles (Sociedades Financieras de Objeto Limitado), que sobrevaluaron créditos, pero "congeló" la indagatoria hasta la reciente actuación del órgano protector.

La investigación deriva de una querella presentada por la asociación civil Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, dedicada a denunciar abusos en el otorgamiento de créditos hipotecarios.

El Ministerio Público de la Federación sostuvo dentro de la averiguación previa que las compañías y la SHF, por conducto de funcionarios, consejeros o empleados, podrían haber cometido los delitos al haber destinado recursos federales a créditos para viviendas.

De acuerdo con la PGR, las presuntas conductas criminales corrieron a cargo de las constructoras y las Sofoles porque hicieron una "inadecuada aplicación de los fondos públicos que les fueron dispuestos para su administración".

La autoridad ministerial tendrá que determinar en los próximos tres meses si ejercita, o no, la acción penal contra representantes de la SHF y las 15 empresas que ofrecieron casas de baja calidad.

La PGR abrió una averiguación previa, que fue turnada en dos ocasiones a diversas instancias y retardó la procuración de justicia.

Por esta razón, la CNDH emitió una propuesta de conciliación para reactivar la indagatoria, que fue aceptada por la dependencia el pasado 25 de agosto, y dio 90 días para cumplir sus puntos.

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