Presume Bronco apoyos, pero el dinero se esfuma

La Auditoría Superior del Estado determinó que no existe forma de comprobar que los apoyos de transporte público, de $300 pesos mensuales, otorgados por el gobierno de Nuevo León, hayan llegado a manos de estudiantes y adultos mayores.

Se trata del programa de “Transporte Gratuito”, uno de los pilares de la administración estatal de ‘‘El Bronco” y que según la investigación de la ASE, se otorgaron de forma discrecional al no existir un padrón de beneficiarios.

Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016, de la Agencia Estatal de Tranporte, que encabeza Jorge Longoria, los auditores realizaron observaciones por poco más de $13 millones de pesos, correspondientes a los apoyos de $300 pesos mensuales para transporte público.

La ASE detectó que no existe un padrón de estudiantes, y los folios de las tarjetas mediante las cuales se dispersa el apoyo, no coinciden con las matrículas registradas de los estudiantes, además de que el estado se negó a entregar el padrón con los nombres, al tratarse de menores de edad.

En este sentido al no existir un padrón de estudiantes con el que se pueda cotejar la entrega de los incentivos, el reparto de los mismos queda de manera discrecional. 

En tanto en los adultos mayores fueron encontradas serias diferencias, pues en el caso $2 millones 655,000 pesos, se detectó que los beneficiarios no estaban dentro del padrón estatal. 

“Usuarios a quienes se les depositó el apoyo y no existen en el padrón de beneficiarios del programa de apoyo Bono preferente, por un total de 8,995 recargas por un importe total de $2,655,513 pesos”, señala el documento.

Además la Agencia de Transporte tampoco pudo comprobar que la empresa, Enlaces Inteligentes, cumpliera en tiempo y forma con la entrega de los apoyos, ya que no entrega reportes que incluyan las fechas en que son depositados.

Ante esta situación, y debido a que la AET no pudo solventar las observaciones, la Auditoría ordenó el fincamiento de responsabilidades administrativas y un pliego presuntivo de responsabilidades que deberá investigar la Contraloría estatal.

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