Recortará estado presupuesto a penales

Apesar de la fuerte crisis que se vive en los penales de Nuevo León, el gobierno estatal planea reducir los recursos destinados a los centros penitenciarios de la entidad.

Durante un evento en pro de la niñez y adolescentes, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció que contempla redirigir $600 millones de pesos de los penales hacia programas sociales, principalmente para el DIF estatal.

El mandatario estatal dijo que los recursos serán para niños que fueron maltratados, abusados o abandonados por sus padres, ya que actualmente sólo se les destina $10 millones de pesos, cuando se van casi $600 millones para 2,000 delincuentes.

“Actualmente, en Capullos están 300 niños, por culpa de sus papás, no es de la sociedad, es por culpa de sus papás, ahí invertimos $10 millones de pesos, lo que es muy poquito, lo contrapuse en el tema del presupuesto que vamos a plantearle a los diputados y dije en la torre, voy a cambiar el presupuesto.

“O sea, $10 millones de pesos, contra $600 millones que le vamos a invertir a 2,000 delincuentes, no importa que me critiquen ese es el sistema, el régimen que tenemos que cambiar; tenemos que gastar mucho más en la infancia”, puntualizó durante su mensaje en el Lanzamiento de la Estrategia de Atajos por las Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León.

La presidenta del DIF Nuevo León es Adalina Dávalos, esposa de Jaime Rodríguez, la cual llevaría la gestión de esos recursos.

Dicha postura se da en medio de una terrible crisis penitenciaria en la entidad, en la que se ha registrado motines, ejecuciones masivas, homicidios, los cuales han sido históricos pues han rebasado en dos años los acontecidos en sexenios enteros.

Durante el mes de febrero de 2016 se registro en el penal del Topo Chico un pleito entre dos grupos que dejo un saldo de 49 internos muertos.

Y el más reciente caso fue el pasado 10 de octubre de 2017, cuando en el penal de Cadereyta se presentó un motín y posterior uso de fuerza letal por parte del estado para controlarlo, y el cual dejó a 18 reclusos fallecidos, cifra que organizaciones civiles señalan como falsa, pues consideran que la cantidad de muertos fue realmente de 50.

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