Reúnen 4 mil firmas a favor de iniciativa para regular uso de vehículos

Más de 4 mil nuevoleoneses han dado su firma en apoyo a la iniciativa que busca que los vehículos oficiales del Estado, Congreso local, Poder Judicial y municipios sean uniformizados con el mismo color y con un rótulo de la instancia a la que pertenezcan a fin de evitar su mal uso y ahorrar gasolina. 

Al acudir al Congreso del Estado a pedir que los legisladores escuchen y hagan suya la propuesta, la plataforma Nuestros Autos indicó que los ciudadanos están de acuerdo en que los coches que se compran con dinero público, se usen sólo para tareas oficiales.

Lo que estamos solicitando que de manera pública los diputados escuchen de qué se trata la iniciativa de Ley Nuestros Autos, que gustosamente queremos decirles que llevamos más de cuatro mil firmas.

Actualmente se los llevan a Mc Allen, si se los levan a la presa y la gente tiene que saber que el vehículo público es de uso estrictamente de trabajo, si alguien lo usa de más y, aparte, fanfarronea, puede estar cometiendo un delito que se llama desvío de recursos públicos, dijo el activista Juan Manuel Ramos quien promueve dicha iniciativa.

Si los funcionarios dejan de darle uso personal a los 6 mil  vehículos oficiales que hay en Nuevo León, se reducirán las decenas de millones de pesos que se gastan en gasolina al año. 

En el 2016, los tres poderes estatales, sin considerar a los municipios, se gastaron 30 millones de pesos en gasolina al año

Queremos que sea genérica, es decir, que la nomenclatura no haga alusión a ninguna administración en turno, que no lleve logotipo de la capital de Monterrey, que no lleve logotipo de la administración en turno de Nuevo León, queremos que se use la Ley de Escudos y que para el Estado lleve el escudo del Estado y para los municipios, el escudo municipal

 Es decir, que cuando termine esta administración, el vehículo sigue siendo propiedad del municipio, patrimonio público, llega la otra administración, borra todo y es otra pintadera, afirmó Ramos. 

La legislación que se pretende reformar y cuya iniciativa se presentará el 1 de febrero es la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios Públicos donde se establecería la rotulación de los muebles.

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