Al día de hoy: EPN Vs. Coparmex


Son pocas las ocasiones en las que la iniciativa privada difiere de forma radical con el gobierno federal; éste es el caso en el que el presidente Peña, lanzando culpas a la clase empresarial, se ha topado con pared y con una respuesta del sindicato patronal. La Coparmex hace bien en recalcar que el acuerdo no debe ser una simple declaración con el fin de disipar la actual disidencia, debe ser un acuerdo real que beneficie a todos los mexicanos.

A raíz del anuncio por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que los precios de las gasolinas aumentarían a partir del 1 de enero del presente año, así como del plan de liberalización de combustibles de manera progresiva, la opinión pública nacional, los partidos de oposición, y la iniciativa privada manifestaron su desaprobación a este proceso. Las razones y argumentos son diversos, algunos argumentan que no existe información suficiente para conocer el proceso de liberación, otros argumentan que el aumento de los combustibles afectaría otros sectores sociales como la agricultura, la industria y, en general, la economía familiar mexicana.

El argumento manejado por el gobierno federal es que la liberación forma parte de un proceso que se aprobó desde la reforma energética, en donde se planteó que con el tiempo  la CRE determinaría el momento oportuno para que los precios de los combustibles se determinen por condiciones de mercado. De la misma forma, el incremento de los precios corresponde a la eliminación del subsidio a la gasolina y a la imposición tributaria aprobada durante la reforma fiscal. El presidente Enrique Peña Nieto ha manifestado que el aumento se debe en su mayoría al incremento de los precios internacionales, esto se explica por el alza que sufrió el barril de petróleo –de casi $15 dólares en tan sólo los últimos meses de 2016– y el aumento en el tipo de cambio peso-dólar, que elevó el costo de las gasolinas que se importan de EUA.

Por lo anterior, el Ejecutivo federal presentó el día de ayer un Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, el cual contempla: una serie de medidas para que las familias mexicanas no se vean afectadas por el aumento de los combustibles; disposiciones para el mejoramiento del transporte público; medidas para fortalecer el empleo en México; y atracción de inversiones.

Al respecto, diversos grupos sociales se han manifestado en contra, argumentando que no es un acuerdo real. Destaca el comunicado emitido por la Coparmex, sobre la negativa a firmar dicho documento. En el comunicado, la Coparmex destacó los siguientes puntos: se requiere un acuerdo más allá del presentado por el Ejecutivo; se necesita reducir aún más el gasto público y agregar la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales para preservar el empleo; se planteó una propuesta de eliminar por lo menos 37 programas sociales duplicados, donde se gastan más de $200,000 millones de pesos al año; por último, se propuso mejorar las finanzas a través de un consejo fiscal independiente por parte de la SHCP, como lo propone el Fondo Monetario Internacional, para evitar que la deuda aumente a tasas cercanas a 14.0% anual.