Caso Kia: salió peor el remedio


Existen suficientes motivos para pensar que el gobierno de Jaime Rodríguez también trae algo "chueco" con los coreanos de Kia. Si se supone que el convenio que había firmado el exgobernador Rodrigo Medina con la armadora era ilegal, el nuevo acuerdo, que sustituye al anterior, está igual y más opaco.

Es bueno aclarar que el caso Kia fue motivo de persecución política y judicial de las actuales autoridades estatales en contra de Medina, a quien se le ha atribuido otorgar un "exceso" de incentivos para lograr que la empresa se instale en Nuevo León.

Pues bien, los privilegios, aunque sean menores, con el "Bronco" siguen, lo que para efecto del contexto son igual de ilegales.

Medina habría otorgado beneficios equivalentes al 28% de la inversión, según insistió el gobierno "independiente", cuando el límite era del 5 por ciento. Sin embargo, con la revisión del caso, el equipo de Rodríguez dejó los incentivos en un 12%, es decir, 7% más por encima de la Ley.

Suena confuso porque la presunta "ilegalidad" en la que supuestamente incurrió Medina ha sido la bandera con la cual el "Bronco" jineteó desde que asumió en el cargo con el propósito de encontrar una manifiesta culpabilidad de su antecesor y por lo mismo es curioso que también caiga en ese pecado la actual administración.

Es más, siempre se dijo que el pacto anterior con Kia traía presuntas y graves irregularidades que el pueblo debía conocer. El mismo gobernador y su protegido alfil, el fiscal Ernesto Canales, se han encargado de destapar en toda su extensión el trato, pese al carácter de reserva en algunos puntos por cuestiones ligadas a la confidencialidad.

Sin embargo, ahora sí parece que hay cuestiones que no se pueden ventilar. El "Bronco" se ha negado a dar a conocer los términos y condiciones que viene en los anexos del nuevo documento que, a simple vista, conserva forzosamente beneficios en sus generalidades.

Esto nos dice que lo de la enérgica cruzada de Rodríguez para tumbar todo lo acordado del gobierno pasado ha sido puro cuento. No sólo no pudo hacerlo, sino que, en aras de querer "transparentar", ha operado peor.

De hecho, si fuera de otra manera, por sentido común y con ganas de clarificar el tema, el "Bronco" debió publicar las nuevas condiciones del contrato para que los nuevoleoneses conozcamos las diferencias con el proceso anterior.

Sin embargo, cayó en su propia trampa. Es probable que si no hubiera nada turbio, no tendría que haber motivos para ocultar los anexos de un convenio que le debería servir al Ejecutivo como prueba contundente para demostrar que durante la gestión de Medina se había hecho algo mal y fue corregido. Pero no ha sido así.

Además, el "Bronco" dice que lo de la Comisión de Transparencia –que obligó al gobierno a abrir el contrato modificado– fue un acto inconstitucional.

Es más, sobre la negativa para dar a conocer los polémicos puntos "secretos" –por lo que se le ha acusado a Medina–, argumentó que no puede violentar la ley "cuando hay reservas", aunque sí lo hizo con los papeles del gobierno anterior, sobre todo cuando dio a conocer los detalles finos de un trato que también cuidaba datos de exclusiva privacidad.

No es extraño que el gobernador caiga en contradicciones ni es llamativo que maneje la Constitución a su antojo, sobre todo para denunciar malos actos de terceros, aunque la misma Constitución parece no aplicar en las inconsistencias de los actos propios.

Lo que sí es que todo este enjuague es un despropósito que, como tantos otros más, lleva el inevitable y delirante sello de la casa.


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