Corrupción o calidad de vida


De acuerdo con la más reciente encuesta del INEGI, entre 2015 y 2017 creció entre los mexicanos la percepción de que los funcionarios son corruptos. Además, más del 80% de la población percibe como muy frecuentes los actos de corrupción. Lo que el estudio no dice son las consecuencias de este fenómeno. Hay una verdad innegable en que existe una relación directa entre la calidad de vida de los ciudadanos y la orientación moral del gobierno. Mi hipótesis es muy sencilla: a mayor corrupción, peor calidad de vida y viceversa.

Pudiera equivocarme en mi diagnóstico, pero creo que son tres los males que principalmente nos afectan a los que vivimos en la ciudad de Monterrey: la contaminación, el tráfico y la inseguridad. Su falta de remediación la debemos a la ineficiencia gubernamental; a políticas irresponsables y sin visión de futuro; y al cohecho o contubernio entre los funcionarios públicos y los infractores de la ley. Las tres causas son formas de corrupción. 

La ineficiencia gubernamental es una forma de corrupción porque implica la falta de cumplimiento adecuado de los objetivos de orden público que son encomendados a la autoridad; es la corrosión del trabajo de gobierno por resultados deficientes. Las políticas irresponsables son una forma de corrupción porque implican postergar las decisiones adecuadas remplazándolas por otras opciones dirigidas a atender a algunos gremios o sectores especialmente favorecidos por el gobernante, en perjuicio del bienestar general. Y el intercambio de favores entre funcionarios públicos y ciudadanos, para obtener beneficios o ventajas indebidas, es una forma de corrupción porque extirpa a la autoridad de su motivo de ser, que es atender problemas comunes de forma imparcial, impersonal y equitativa, ante la inconveniencia o la imposibilidad de que dichos problemas se resuelvan con la misma neutralidad si se dejara su responsabilidad a particulares.

Cuando decidimos ser corruptos en la forma que sea –faltando a deberes con impacto social, desviando al gobierno o a los otros de sus verdaderos propósitos, y viviendo con indiferencia– estamos optando por acabar con nuestra propia calidad de vida. El caos vial y de movilidad que vive la ciudad, imputable a los gremios de transporte, la falta de desarrollo urbano ordenado y a las autoridades estatales, produce que miles de personas pasen hasta cuatro horas diarias trasladándose desde sus hogares a sus centros de trabajo. En algunos casos, hay incluso quienes –además del tiempo– invierten cerca del 30% de su salario en costos relacionados con el transporte. Cuando decidimos proteger a rajatabla los beneficios de los concesionarios de transporte, dejar varadas las líneas del Metro, construir más avenidas en lugar de más banquetas y dejar de fomentar el desarrollo de centros de población cercanos; le dimos al traste con todo a la vida de muchas familias de clase media en las que los sueldos no rinden y las jornadas de trabajo son de hasta trece o catorce horas contando los tiempos de traslado.

Queremos que a nosotros no se nos aplique la ley y muchas veces lo logramos convenciendo a ministerios públicos y autoridades encargadas de la seguridad pública; pero cuando nosotros somos los afectados, entonces sí queremos que la ley se aplique a los infractores. No nos damos cuenta, pero actuamos en perjuicio de nuestra propia seguridad cuando decidimos coludirnos con el gobierno para evadir las consecuencias de nuestras propias acciones. Colaboramos a crear un clima de impunidad que arriesga que después nosotros mismos no encontremos justicia. Tasamos con un tabulador arbitrario y no escrito el costo de "salirnos de los problemas". Muchas veces la cifra la calculamos obteniendo un porcentaje del costo real de la sanción. Permitimos que se pague un precio para dejar de desarrollar una conducta que produce un valor social invaluable: que la ley se aplique cuando se tenga que aplicar. Queremos un Estado de Derecho, pero queremos también que todos podamos pasárnosla poniéndole puntos a las íes.

Nos hemos convertido en una ciudad en la que todos los niños y adultos mayores se encuentran en riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias debido a los altos niveles de contaminación en el aire que respiramos. Hay alrededor de treinta mil fábricas en el estado de Nuevo León y el gobierno tiene una nula capacidad para verificar si éstas cumplen con las disposiciones ambientales de operación. Existe un padrón grandísimo de vehículos, pero no queremos sujetarnos a programas de inspección y mantenimiento. No se otorgan subsidios para adquirir opciones de transporte eléctricas. Se mantienen unidades de transporte público que parecen chimeneas ambulantes en lugar de obligar a los concesionarios a otorgar un servicio limpio y sustentable. Se dejan abandonados los proyectos de movilidad que no tienen que ver con vehículos automotores. Y el gobierno invierte en la promoción personal del gobernante al tiempo que desarrollamos alergias, asmas y deficiencias respiratorias.

Los invito a tener muy en claro una idea: ser corruptos, sea cual fuere la forma de corrupción, es atentar contra nuestra propia calidad de vida y la de las personas que nos rodean.

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