¿Cuota$$$?


En la Edad Media se discutían cosas como, ¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? O ¿cuál es el sexo de los ángeles? Son preguntas bizantinas. Sin sentido, irrelevantes, absurdas y sin mecanismos o argumentos para que una parte compruebe o convenza a la otra de su posición. 

La “discusión” de las cuotas en los planteles públicos de México es una discusión bizantina.

¿Qué dice la Ley General de Educación al respecto? El artículo 6 de la Ley General de Educación dice: “La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos. En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna”.

De la lectura del artículo 6 queda claro que: i) Las cuotas y donaciones no están prohibidas; ii) Se prohíbe condicionar la prestación de los servicios educativos, no se pueden coartar, coaccionar o impedir acceso, trámite o cualquier otro derecho asociado a los servicios educativos; iii) Las secretarías de Educación en los estados son responsables de la regulación y vigilancia de los mecanismos de captación, uso y destino. Cualquier otras cosa, fuera del marco que define el artículo 6, es una discusión bizantina.

¿Cuál es la verdadera pregunta? La verdadera pregunta, foco de cualquier discusión relacionada con los derechos de la gratuidad de la educación debería ser: ¿cuánto requieren las escuelas para operar? ¿qué tipo de gastos se hacen con esos recursos? Ahí el meollo del asunto.

En Nuevo León hay más de 6,500 escuelas de educación básica, un kínder completo (los 3 niveles) necesita para operar entre $50,000 y $100,000 pesos anuales, los otros niveles (más alumnos y más aulas) necesitan más, pero bueno. Tomemos como base $100,000 pesos anuales, multiplíquelo por 6,500 y tenemos una aproximación del recurso necesario para la operación: $650,000,000 de pesos anuales..., tal vez más.  ¿En que se gastan? En todo lo que la secretaría no provee: teléfono, Internet, servicios de jardinería, refacciones para sanitarios, reponer un vidrio, reparar climas, copias, engargolados, pagar los servicios de un plomero o electricistas, servicios de albañilería o herrería (esenciales en casos de robos) y un largo etcétera. ¿Hay gastos que no están cubiertos? Sí, hay muchos, un solo ejemplo: todos los gastos asociados a los desplazamientos que deben hacer inspectores, directores y habilitados entre planteles, región y secretaría. 

¿Alguien se anima a dirigir una secundaria con 18 grupos y más de 500 alumnos?

Pero lo más relevante no es el monto, es el origen de los recursos que permiten –mal que bien– solventar ese mundo de necesidades. 

Los recursos proceden de la misma comunidad, del trabajo conjunto de los directivos, los maestros y los padres de familia. Si bien esos recursos tienen utilidad práctica, resuelven el día a día de la operación de cada escuela, tienen una importancia superior: su búsqueda, consecución y destino es el hilo conductor de la vida comunitaria de las escuelas. Sobre los recursos de operación es que se conjuntan las voluntades, se suman esfuerzos y se obtienen triunfos. También, sobre el tema de los recursos, es que se dan ejercicios de transparencia y rendición de cuentas. Construcción de comunidades autónomas, disciplinadas y exitosas. 

¿Exagero? Pregunte a cualquier padre de familia si está de acuerdo con que su hijo tenga clima en su aula, pregúntele que prefiere: ¿que su hijo vea material didáctico en una pantalla, vía web, o copias de papel?

¿Qué riesgos tiene la supresión absoluta de las cuotas o aportaciones voluntarias? Tiene dos: la inoperancia y la captura-clientelismo.

Escuelas sin recursos son escuelas inoperantes y que entran en procesos de deterioro acelerado. ¿Con qué se va a financiar la reposición de un sanitario? ¿Y el pago mensual del teléfono? ¿Y un candado nuevo o la copia de la llave que se perdió? Y si se roban el clima o los cables, ¿de dónde saldrá para reponerlos rápidamente?

¿Porqué hay riesgo de captura-clientelismo? Fácil ¿Quién decide cuánto necesita cada escuela y en qué momento debe suministrarlo? ¿Cómo decidirá cuál de las 6,500 escuelas necesita el recurso con más urgencia? Imagine lo que un directivo de la más recóndita colonia o población rural tendrá que hacer para que le den $400 pesos para pagar el teléfono o comprar una nueva llave para el bebedero donde los chicos toman agua. Cualquier mecanismo de priorización y asignación será más largo y tedioso que el actual, se perderían los mecanismos de participación social y rendición de cuentas y se crearía un espacio muy vulnerable al clientelismo, la captura y la corrupción.

¿Y los directivos corruptos? Pues sí, los hay. Pero la receta ya está dada: “Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias”. 

Lo demás son discusiones bizantinas.






Sigue leyendo...
Volver arriba