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Democracia diabética en México


En el país ha existido una crisis de representatividad desde siempre. La falta de representación política y de un trato equitativo por parte del gobierno para la comunidad criolla e indígena fue uno de los detonantes de una lucha violenta de Independencia. 

La confrontación pasional respecto de qué es lo que debía de ser la recién emancipada Nueva España, privó a México de grandes posibilidades de desarrollo durante el Siglo XIX. A inicios del Siglo XX, después del Porfiriato, hasta antes de la estabilidad sexenal que ahora conocemos, 12 presidentes desfilaron por Palacio Nacional, durando, cada uno en promedio, 1.916 años en su encargo. 

Pienso, que con el triunfo callista de la consolidación del PNR –hazaña de la que magistralmente escribe Cosío Villegas en su libro El sistema político mexicano– se acabó la inestabilidad como reflejo de aquella falta de representatividad de todos los sectores de la sociedad en el gobierno; pero siguió existiendo el problema de raíz, sin extirparse. Ello, debido a una falta de apertura hacia una vida democrática y plural en la toma de decisiones públicas, en la que la definición de lo qué es lo mejor para México, brotara de las conclusiones del debate y de la retórica en el escenario político.

En la época cardenista, Gómez Morín —habiendo sido un antiguo funcionario del gobierno federal de Calles— denunciaba el daño social de esta cerrazón en nuestro sistema gubernamental. El fundador del PAN, criticaba el sentido mágico de la vida del presidente. Al ver una realidad en la que la ley se aplicaba a su discreción; y cambiaba de un día para otro, por decreto de su voluntad las cosas. Esa falta de contrapesos fue en el fondo, en parte, falta de calidad en la representación que, a través de su investidura, el gobernante se supone que hace de todos los ciudadanos. Como el día de hoy en Venezuela, los aliados del sistema eran los principales beneficiarios. En el México de los 40, en la Constitución decía que la ley se aplicaría igual para todos; en la práctica esa garantía individual fue, muchas veces –y puede seguir siendo– letra muerta.

Poco a poco el sistema político mexicano fue adoptando cambios que sirvieron como válvulas de escape para destensar nuevas amenazas a la estabilidad alcanzada, debido al mismo problema eternamente irresuelto: en México hasta hace muy poco las distintas expresiones culturales, sociales y políticas que existen en nuestro país tienen verdaderamente voz y voto. Apenas hace 12 años, en el año 2006, un partido distinto al PRI logró tener, por primera vez, mayoría en el Congreso de la Unión. Quiero ser optimista y pensar que, aunque la transición a la democracia en México –un debate de los intelectuales del siglo pasado– no está completa, en cierta medida está dada. 

Curiosamente, hemos transitado de una especie de crisis de representatividad a otra. Existe una gran insatisfacción en nuestro país con la democracia. Los partidos políticos son las instituciones en las que menos confían los ciudadanos en México, como han reportado consistentemente los últimos estudios de opinión pública de Latinobarómetro (www.latinobarometro.org). Como dato interesante, la organización reportó en enero del año 2018, que incluso a pesar de que cada vez en Latinoamérica hay menos hogares con dificultades para llegar a fin de mes; menos personas confían en la democracia a nivel regional. Es decir, el crecimiento económico y la democracia no va para el mismo lado.

Aunque todos los partidos tienen curules y escaños, gubernaturas, alcaldías y forman parte de distintos organismos y consejos públicos; pareciera que el ciudadano opta por rechazar a destajo toda la propuesta política. La Corporación Latinobarómetro denomina ese fenómeno como una "democracia diabética", que no alarma y que incluso, el declive lento y paulatino que su aceptación tiene en la opinión pública pudiera ignorarse como fenómeno social; pero nos carcome lentamente. Siguiendo con la analogía, la primera inyección de insulina a esta democracia en proceso de degeneración es darnos cuenta nosotros mismos que no podemos optar por la indiferencia política. He sostenido en este espacio en numerosas ocasiones la obligación moral que tenemos los ciudadanos de participar en política e involucrarnos en los asuntos comunitarios. 

Creo fielmente que la falta de confianza hacia las instituciones públicas es también un reflejo del desinterés, de una concepción de lo público como lo ajeno, y de una tendiente polarización a valorar lo de gobierno como malo y lo privado como bueno. La democracia diabética representa una nueva amenaza, sutil pero presente, a la estabilidad que hemos alcanzado como país. Fortalece la preferencia por opciones políticas radicales y debilita la legitimidad de los logros actuales. No hay que ser ingenuos, esta desconfianza es también fundada en la negligencia y traición a la causa pública de quienes desempeñan funciones de gobierno, sin pensar en el bienestar general. 

Es evidente que necesitamos ambas cosas. Promover activamente la participación ciudadana y el mejoramiento de los organismos públicos. Creo que la mayor capacidad de impacto en estos dos propósitos la tienen las organizaciones no gubernamentales. Los grupos de la sociedad civil unidos por causas específicas que abanderan la sensibilidad que muchas veces nos falta para alcanzar justicia social. Y que saben ser, también, los ojos de todos para denunciar lo que se hace mal y someter al escrutinio público lo que se hace bien. Estos organismos muchas veces deciden permanecer ajenos a la política. Al menos aprovechando la excusa del proceso electoral, lleven sus inquietudes a los candidatos y denles seguimiento. Para quitarnos la diabetes, no hay que quitar el dedo del renglón.

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