El ‘drama’ de vivir en la periferia


“El área metropolitana se está deformando por construcciones mal planeadas, debido a intereses y prácticas abusivas muy difíciles de erradicar”.

Imposibilitados a adquirir una casa dentro de la ciudad, los jefes de familia han sido orillados a instalar sus nuevos hogares en la periferia de la zona metropolitana de Monterrey, donde se topan con una serie de problemas y con una realidad que tiende a ser irremediable: la indiferencia de todo tipo. Viven condenados a pagar un alto precio por el aislamiento.

Al no tener opción de adquirir un bien inmueble cerca de donde vivió y estudió de pequeño, o cerca de su trabajo, debe buscar fuera de su hábitat natural porque no hay más sitio dónde construir. 

Deben buscar fuera, en municipios antes impensados para un desarrollo habitacional, como Gral. Zuazua, Salinas Victoria, Marín, Escobedo, García, Villa Juárez o Apodaca, que cuenta con Pueblo Nuevo, la colonia de cerca de 100,000 habitantes y considerada una de las más grandes de Latinoamérica, pero inhabitable para nuevos colonos.   

Aunado a ese éxodo de familias, viene atado un cúmulo de problemas que tienen que ver con transporte, con la seguridad, alumbrado público, recolección de basura, centros comerciales y educativos, clínicas y hospitales, servicios esenciales que los nuevos fraccionadores no pueden ofrecerles en forma satisfactoria.

Doña Rosy tiene un hijo adolescente estudiando en la UANL y viven en el municipio de Zuazua. Para llegar a su escuela, Javier debe levantarse por lo menos tres horas antes de su entrada a clases, abordar un camión, luego el Metro, y un tercer colectivo que lo lleve hasta Mederos, al sur de Valle Oriente, donde está su facultad.

Javier debe atravesar por los municipios de Apodaca, San Nicolás y Monterrey antes de llegar a su centro de estudios, son $39 o $40 pesos de pasaje que gasta al día, ya con tarifa estudiantil, y cuatro o cinco horas de su vida diaria las pasa a bordo del transporte.           

Las constructoras, pero principalmente las autoridades, fingen ceguera y sordera. O, en el mejor de los casos, atienden el asunto por encimita.

Este Vigía sabe de colonias que aún batallan con los servicios básicos –después de varios años– y se les dificulta la transportación. Como son fraccionamientos bien retirados de zonas urbanas densamente pobladas no suelen figurar ni siquiera en el mapa. “Ni los taxis llegan”, dicen habitantes consultados.

Nadie duda de que esta gente viva en condiciones muy limitadas, como tampoco dudamos de que este universo de personas solo aparece en el radar de los políticos en época de elecciones. Allí está el voto, pero como vemos, no está el futuro.

Las cifras conservadoras del Infonavit revelan que en este 2018 son entre 6,000 y 7,000 casas abandonadas en la periferia de la ciudad, de gente que ha decidido dejar esa vida en la zona rural. Seguramente son mucho más de 20,000 los inmuebles que han quedado en desuso.

Entendemos que mientras más lejos se construye, más cerca están los trabajadores de sufrir engaños y pasar al olvido. 

Es el cuento de nunca acabar, porque por más que las autoridades nos quieran convencer con números y otras luminosas estadísticas, estamos en presencia de un submundo urbano lastimoso, ligado a intereses y abusos muy difíciles de erradicar.


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