El ejército y la seguridad interior


Se sabe que el ejército no debe estar en las calles con libro abierto, pero para realizar ese libro es necesario que exista un verdadero debate en la discusión de la esfera pública. El ejército debe estar limitado en sus acciones de seguridad pública, pero, sobre todo, deben estar bien delineadas sus atribuciones para un mayor respeto a los derechos humanos, y, más aun, por el bien de nuestras fuerzas armadas.

El sistema penal mexicano se encuentra en constante cambio. Existen nuevas inquietudes por parte de la sociedad civil, nuevos retos para el Estado Mexicano, y, sin duda, una mayor exigencia de la población a las autoridades. En este marco, el nuevo sistema penal es resultado de la evolución de uno arcaico a uno más eficaz y dinámico. Los problemas nacionales incluyen problemas tanto de procuración como de impartición. Desde el sexenio de Calderón, el ejército salió de los cuarteles a las calles; en su momento, el Presidente así lo considero necesario. Sin juzgar su medida, fue una decisión que le atribuyó nuevas tareas al Ejército mexicano que nunca había ejercido.

Se le ha criticado fuertemente a las fuerzas armadas mexicanas por supuestas violaciones a los derechos humanos. Lo cierto es que no existe ni siquiera un marco institucional para determinar acertadamente si existe o no una violación grave a los derechos humanos. La evolución de nuestro sistema penal, debe permitir una mayor acción de la CNDH, para que, en colaboración del Ministerio Público, se pueda emitir un dictamen más apegado a la realidad. El Ejército mexicano siempre ha estado en la disposición de servir a la nación y es una tarea honorable la que realizan nuestras fuerzas armadas. Los soldados arriesgan su vida en operaciones de seguridad interior, y en muchas ocasiones, no estaban preparadas para ellas. 

La Ley de Seguridad Interior no tiene la intención de darle mayores atribuciones al ejército, solamente se trata de una ley que delinea apropiadamente las atribuciones y funciones que tendrá el ejército en operaciones de seguridad interior. El presidente Peña ha tenido como una de sus prioridades la de impulsar la iniciativa de mando mixto, para que exista una sinergia entre las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. Una óptima transición del sistema policial viejo al nuevo, debe estar acompañada por una colaboración de fuerzas, entre las locales y las federales, y entre las policiales y las armadas.

Legislar las actividades de las fuerzas armadas en ningún momento es una amenaza a los derechos humanos, por el contrario, la intención del Congreso de la Unión ha sido que la Ley de Seguridad Interior se discuta, que se debata, y que se incluyan todas las voces posibles. No existe fundamento alguno para argumentar que la prórroga en la discusión fue porque no existía la mayoría en el Congreso, lo que sí se puede afirmar es que una ley de esta importancia y urgencia requiere el consenso de las fuerzas políticas y de la sociedad civil. En este sentido es que se ha planteado que el proyecto de ley sea aprobado por ambas cámaras en este periodo ordinario.

Soy un fiel creyente de que la negociación política, lejos de retroceder, nos ubica en una situación Pareto-óptima. La negociación política no alcanza óptimos de Pareto, nunca es la mejor opción, pero siempre es un paso hacia mayor democracia. Pretender que el Congreso tome la mejor opción teórica, supondría la imposición de un partido político sobre otros, y eso no sería ni diálogo, ni democracia. Debemos aceptar que la democracia no ofrece soluciones rápidas, ni las mejores soluciones posibles, pero sí es la mejor forma de convivencia y de seguir transitando a un Estado más libre y más justo.