El peligro de la artistocracia y la famosocracia


Seguramente ustedes podrán cuestionar que invente palabras, pero el lenguaje es un ente vivo que se adapta a las circunstancias, y es el caso del título de hoy; nos encaminamos a los gobiernos de los artistas y los famosos, con el peligro que eso conlleva.

La ley electoral y los reglamentos que de ella derivan son un absurdo; son la mejor forma de paralizar las campañas políticas, lo que implica que el elector no cuente con elementos racionales a la hora de votar y elija al menos capaz para el cargo, pero con mayor popularidad entre los ciudadanos.

Los electores desconocen que la LEGIPE (Ley General de Instituciones y Procesos Electorales) tiene tantos absurdos que limitan a los candidatos promoverse frente a quienes habrán de elegir una opción el 1 de julio.

Para la contienda presidencial es menor el problema, pues los partidos políticos se aseguran de enfocar sus reflectores en la campaña insignia, en la que arrastra a las otras campañas –para arriba o para abajo.

En las elecciones concurrentes como la que vivimos, hay entidades en las que se votarán todos los cargos de elección popular, como el caso de Yucatán que, hasta gobernador eligen; otras, como Nuevo León, vota a cinco candidatos, todos los cargos excepto gobernador.

En este escenario es difícil que los candidatos a alcaldes, senadores, diputados federales o diputados locales, logren promoverse para ser conocidos y principalmente, para convencer que ellos son la mejor opción.

La ley es rígida respecto a los presupuestos y topes de campaña, rebasar los límites implica el peligro de ser expulsado en la elección. Agregue que hay una restricción mediática en la que los candidatos están sujetos a los espacios que el INE autorice a cada partido y, que cada partido esté dispuesto a destinar tiempo para una campaña menor como lo es la de diputado local o un alcalde de poca rentabilidad electoral.

Con esta ley se seleccionaron los candidatos, los partidos evaluaron a las mejores opciones para la campaña, pero ojo, los mejores para la campaña, no para ejercer con entrega, capacidad y compromiso un cargo en el poder ejecutivo o en el legislativo.

Es aquí donde los artistas y los famosos aparecen, se gesta una nueva clase política con potencial para acceder al poder y los espacios de gobierno. Esta nueva "casta" política es la de los artistócratas o los famosócratas.

La artistocracia y la famosocracia son una solución al absurdo llamado ley electoral. Implica llevar a la contienda y a la boleta, a gente conocida mediáticamente por sí misma, porque son artistas o son famosos gracias a su actividad profesional, no porque sean competentes para desempeñarse en los Congresos o en un espacio del poder ejecutivo.

Para los partidos políticos es más rentable poner en las boletas a famosos sin antecedentes políticos; suena bien, pero el experimento ha producido puros Frankenstein.

La famosocracia sentó a Cuauhtémoc Blanco en la alcaldía de Cuernavaca, con desastrosos resultados para la población; hoy Morena lo promueve para la gubernatura de Morelos. El mismo caso aplica en Monterrey, donde el PT impulsa al Pato Zambrano, quien dicho sea de paso está en el confesionario por culpa de su inexperiencia en las arenas de la política electoral.

Otro caso del acceso de los artistócratas en el gobierno es Carmen Salinas, quien vegeta y cobra en el Congreso federal; o el caso de Adalberto Madero y Álvaro Suárez, quienes para contender electoralmente se promueven como si vivieran un reality show.

Estamos en crisis con los políticos encumbrados por su falta de oficio y su ambición, a éstos agregue que llegará gente que sabe más de maquillaje, escenas dentro de un set televisivo o de actuación para un reality, que de las tareas por desempeñar en caso del triunfo, saben una pura y dos con sal de política y de gobierno.

Sentar en la banca a políticos con oficio y trayectoria para ceder espacio a quienes, por su fama pública y rating en los medios, pueden cautivar votos actuando como si participaran en una comedia de la vida real es un crimen para la democracia.


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