El problemón de la tarifa del transporte público II


‘‘Si has de agraviar al pueblo agrávialo de una sola vez’’Maquiavelo (1469-1527) político italiano

La frase se le atribuye a Maquiavelo y, 500 años después, parece que nos encontramos ante un inevitable e ¿involuntario? cumplimiento vía el incremento de las tarifas del transporte público en Nuevo León.

Desafortunadamente el agravio ya lleva muchos años y parece no tener fin. Por razones de política electoral tenemos hoy, ya por 16 años, una política tarifaria bipolar: cero para el mejor de los sistemas (el de Metrorrey) y un aumento promedio del 11% anual para el sistema tradicional (el de los autobuses, entre 2000 y 2016).  El resultado de esta política es muy “singular” y el “agravio” tiene diferentes expresiones, según del subsistema que se trate.

En el caso del Sistema Tradicional, tiene claroscuros, pues en el contexto de una larga y sostenida política tarifaria alcista se dio: una espectacular sustitución de la flota, se incorporaron más unidades climatizadas y se introdujo el sistema de prepago, pero hoy tenemos muchas menos unidades (30% menos que hace unos 10 años), no es posible garantizar el buen estado físico (el último año sólo se inspeccionó el 22% de las unidades), el 11% de la flota rebasa la antigüedad máxima permitida, los tiempos de viaje son cada vez más largos, hay registros de tiempos de viaje promedios superior a los 75 minutos y el porcentaje de viajes en transporte público es el más bajo de la historia: apenas el 33 por ciento.

Aquí conviene un reconocimiento, muchos de estos datos proceden de la labor incansable de la organización no gubernamental Únete Pueblo, muchas gracias por compartirla.

En el otro subsistema, el de Metrorrey, la política tarifaria también tiene claroscuros: ningún aumento desde el año 2000, impresionante crecimiento en la tasa de demanda servida (porcentajes de más del 10% todos los años), pero también pérdida del equilibrio financiero, depreciación acelerada de sus activos, obsolescencia tecnológica y, lo más grave, incapacidad de ampliar y modernizar sus servicios. El sistema Metrorrey ha sido exitoso por dos razones: la integración de sus servicios (56% de sus viajes son integrados) y una tarifa tan baja, pero su capacidad remanente se agotó y todo su material rodante e infraestructura raya en peligrosos niveles, Dios no lo quiera, de envejecimiento.

¿El agravio puede continuar? Sí, pero si se quiere salir del atolladero el incremento en la tarifa en el subsistema Metrorrey debe ser grande, probablemente entre dos y tres veces las tarifas nominales actuales. Y eso, tal vez, sólo sea útil a la adquisición de los nuevos vagones para la Línea 3, pero no para superar depreciación y obsolescencia.

Pero, ¿cómo salir del problemón? El Consejo Estatal de Transporte tiene muchos meses que no sesiona y para fines prácticos “vive” en un limbo legal, a la espera de su liquidación o refundación. Si esto es así, ¿qué cuerpo ciudadano analizará y “avalará” el incremento de la tarifa? ¿Quién asumirá el costo del alza que se solicita? En estas circunstancias el Ejecutivo tendrá que asumir directamente el desgaste, golpeteo y 

consecuencias.  

Pero no hay de otra. Que se llame al consejo, que se nombren los consejeros usuarios, que se active la Comisión de Costos y Productividad y que se hagan los cálculos. Sobre la marcha, en paralelo, poner los números sobre la mesa, sujetarlas al escrutinio público; qué cualquier ciudadano medianamente curioso, cualquier académico u ONG puedan tomar la información y hacer su propia revisión, comprobando el origen de la información y su aplicación. Sesiones públicas y votación nominal, así cuando el ejecutivo tome la decisión, sea cual sea, lleve ya una carga de legitimidad.

Pero esto sólo es para salir del paso. El Sistema de Transporte Público necesita una refundación, el actual modelo no da para más. Necesitamos cambiar la forma en que se concesionan los servicios, la manera en que se paga a los prestadores, la gran masa de datos que generan las tecnologías deben ser públicas y debe existir un Órgano de Gestión fuerte y poderoso. 

El servicio de transporte público debe tener un objetivo primario explicito: transportar más personas, no menos. Un Plan de Acción a cinco o 10 años (un ejemplo se puede ver en https://bit.ly/2ih6r2A) que transparente recursos, ingresos, inversiones y los beneficios que genera.

En la administración pública moderna los ciudadanos son “accionistas” y los funcionarios públicos tienen la obligación de crear valor para ellos. Nuestro Sistema de Transporte Público ya tienen grandes flujos de recursos, necesitamos un plan de acción  que nos diga cómo hacer para que esos recursos se transformen en más servicios, más viajes y una identidad en la que se reconozca una sociedad competitiva e igualitaria.


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