Empoderar al ciudadano, un grano incómodo


Si prosperan las reformas a la Ley de Participación Ciudadana en Nuevo León, los vecinos que integran distintos Consejos estatales y municipales dejarán de estar de adorno.

La iniciativa que se presentó en el Congreso local es interesante porque le da fuerza a la opinión y a la decisión del ciudadano. Es decir, se busca que dichos Consejos al interior de los gobiernos sean obligatorios.

El detalle no es que deje establecido en la Ley una participación más activa y determinante del ciudadano, sino que se cumpla. Lo triste es que se tenga que obligar a que los gobernantes lo hagan y que, en su dizque apertura, tomen en cuenta a los "asesores" que representan a la sociedad.

Hasta ahora, los Consejos ciudadanos han sido un estorbo para las autoridades. Los casos más emblemáticos se han dado con los "independientes" que tienen la llave del Palacio de Gobierno, la administración, según esto, "más ciudadana" de toda la historia política de Nuevo León.

En teoría, la idea central del gobierno de Jaime Rodríguez era atraer gente experta en diferentes temas para participar de manera voluntaria en distintas áreas. Sin embargo, muchos ciudadanos huyeron al toparse con prácticas autoritarias y oídos sordos.

Ha sido preocupante, por ejemplo, la desbandada de consejeros que ha tenido el gobierno. La primera fuga masiva se dio, si recordamos, tras el polémico caso de los cobertores, el símbolo de la corrupción que ha marcado el primer año de gestión del "Bronco".

Seis de los siete integrantes del Consejo Ciudadano de la Contraloría decidieron renunciar en septiembre de 2016 porque consideraron que eran "mirones de palo".

En noviembre de ese mismo año, y por los mismos motivos, renunciaron siete de los 20 consejeros de Seguridad Pública porque se cansaron de que las autoridades los ignoren. "Éramos simples floreros en las juntas", argumentaron los que decidieron dar un paso al costado.

Es lamentable que ciudadanos interesados en ayudar, sugerir y proponer ideas y proyectos frescos sin contaminación política alguna, sean literalmente desairados.

Ojalá que la propuesta de la bancada priísta resulte para acabar con toda esta simulación de gobiernos que toman decisiones unilaterales y que se puedan armar verdaderos equipos de trabajo participativo.

Creemos que la cerrazón de las autoridades tiene que ver con cuestiones ligadas a la transparencia, un propósito híper promocionado por los gobiernos, pero que les incomoda practicarla.

No es sencillo para un gobierno estatal como el de Nuevo León, si seguimos con el ejemplo, abrirse mucho después de tanto cochinero. No le conviene.

Aparte, está más que claro que a las autoridades no les interesa conocer los problemas, necesidades e inquietudes de sus gobernados, excepto cuando buscan el voto. La perversidad de los políticos no sólo es descarada, sino

también nociva y probablemente sus efectos puedan verse este julio en las urnas.

Por lo tanto, suponemos que una sociedad más participativa puede ayudar a resolver cuestiones que verdaderamente preocupan y no se gasten recursos inútilmente en caprichosos programas de mala ejecución o en ambiciones personales.

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