La batalla por el espacio público


La semana pasada se publicó un artículo que se titula "La Guerra por la movilidad" en el se plantea la idea de una batalla (guerra es el término literal que utilizan) entre los proveedores de servicios para la movilidad vía una app, entre otros Uber, Cabify, Easy Taxi y Didi. 

La idea de una "guerra", en el artículo, se circunscribe a la Ciudad de México, pero si se amplia el espacio geográfico y seguimos la misma idea tendríamos que hablar de una guerra de todos contra todos: servicios tradicionales (taxis con base fija, taxis libres, radio taxis, taxis de aeropuertos, armadoras de autos, empresas tecnológicas, entidades financieras y un largo etcétera). 

Yo difiero, pues esa no es la verdadera guerra.

Sí, es cierto, es una batalla comercial. Pero la verdadera guerra es por el espacio público, y ¿qué es el espacio público? Lo que atañe a lo común en la vida de las comunidades, lo que atañe a lo público, lo que se opone a lo individual, lo que se opone a lo privado. Hablamos de espacio público cuando nos referimos a los derechos fundamentales de las personas, por que son iguales e inalienables para todos más allá de su individualidad; cuando nos referimos a las libertades comunes (de pensamiento, de creencia, de expresión y otras), y también cuando nos referimos a ese espacio en donde los gobiernos ejercen su actividad por el bien común. De ahí que sea impensable que ciertas actividades sean controladas por privados, en esa categoría cae la defensa, la educación pública, la salud universal, impartición de justicia y la producción de servicios públicos de todo tipo. ¿Pueden participar los privados? Sí, como proveedores, pero no como dueños o reguladores del espacio público. 

De ahí mi discrepancia con el planteamiento del artículo de referencia, sí hay una batalla por la movilidad –vamos, una guerra–, pero no se da entre privados. 

Son los privados contra la idea de lo público. Los servicios de movilidad son servicios públicos, y los que ofrecen las compañías citadas y otras es un producto comercial. Los primeros, por definición, deben ser progresivos, continuos, asequibles y buscar maximizar el número de usuarios; deben buscar maximizar el beneficio social. Los segundos no; buscan una utilidad para sus inversionistas. Ésta es la verdadera batalla, lo público contra lo privado.

La batalla entre las empresas de movilidad compartida tiene un antecedente significativo: la lucha por el espacio público (calles, andenes, banquetas, plazas, jardines, etc.). Este espacio público es físico y, perdón por el pesimismo, la tenemos perdida. El espacio público lo arrebatan los particulares y lo ponen a producir ganancias, excluyen al ciudadano común y corriente y lo capturan para sus clientes: gasolineras, tiendas de conveniencia, tiendas de materiales para construcción, llanteras, refaccionarias, empresas de transportes, taqueros, vendedores de ropa... todo lo que se pueda imaginar. Otra expresión de este mismo fenómeno, con la bendición de una ley, es la privatización de las plazas y jardines en los fraccionamientos cerrados. Dentro de la muralla medieval sólo quienes están adentro pueden disfrutarlos; dejan de ser para todos y se convierten en "propiedad" de unos pocos.

Por desgracia, esto ocurre a ojos vista.

¿Hay algún área de oportunidad para revertir esto? 

Sí, la nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano mandata a los ordenes de gobierno –entre otras cosas– regular el espacio público y actuar sobre éste bajo ciertos principios entre los que destaca la sustentabilidad, la resiliencia, derecho a la ciudad, la protección y progresividad y protección del espacio público y el acceso y movilidad urbana (artículo 4). También ordena la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público (artículo 84) y una jerarquía a la cual deben atenerse las acciones de los órdenes de gobierno en el espacio público: "El Estado y los Municipios deberán promover en la población la adopción de nuevos hábitos de movilidad urbana y prevención de accidentes encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos de la población, lograr una sana convivencia en las calles, respetar el desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir conflictos de tránsito, desestimular el uso del automóvil particular, promover el uso intensivo del transporte público y no motorizado y el reconocimiento y respeto a la siguiente jerarquía: I. Personas con movilidad limitada y peatones; II. Usuarios de transporte no motorizado; III. Usuarios del servicio del transporte público de pasajeros; IV. Prestadores de servicio de transporte público de pasajeros; V. Prestadores de servicio de transporte de carga; y VI. Usuarios de transporte particular". (Artículo 81).

¿Cómo expresarán estos mandatos en las regulaciones municipales? ¿Qué contenido y disposiciones encontraremos en Planes y Reglamentos, que los materialicen? Lo sabremos a mitad de 2019.

Al final, ¿qué tiene que ver esto con el transporte público? El transporte público es un servicio público, que se brinda sobre la infraestructura pública, en buses privados con uso público; su infraestructura complementaria y datos que genera también son públicos (paraderos, terminales, andadores, paradas, bases de datos de viajes, bases de datos de sistemas de pago, bases de datos de operación, etc.); sí, público. ¿Dejamos que los privados se constituyan en "dueños" de todos esto?

Por cierto, la guerra por la movilidad la pierden los gobiernos y las entidades responsables de proveer el servicio público de la movilidad, porque hacen como que no es su asunto. ¿Damnificados? Sí, los usuarios.






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