La estafa del sexenio


Es probable que en la deliberada transa de los cobertores, el icónico acto de corrupción que ha marcado al actual gobierno estatal, se pueda llegar hasta el final y castigar penalmente a los responsables. Todo dependerá de lo que digan los nuevos fiscales.

Creemos que si las fiscalías autónomas quieren ganarse rápidamente la credibilidad de la población están ante una gran oportunidad de demostrar, no sólo su independencia, sino también su capacidad de ejecución.

Una prueba de fuego, quizá necesaria para los nuevos órganos y, definitivamente, para los nuevoleoneses.

Será la Auditoría Superior del Estado (ASE) la que presentará en los próximos días las denuncias penales en contra de los responsables del mega fraude por un valor cercano a los $30 millones de pesos, derivado de la compra fantasmal de 200,000 cobertores en diciembre de 2015.

La conclusión de la ASE ha sido contundente: no sólo los precios han sido inflados, sino que el producto en cuestión no existió. Todo fue una farsa. No existen pruebas de que hayan llegado al gobierno, tal y como en su momento también lo había señalado la Contraloría estatal.

Lo curioso es que no existen documentos oficiales de compra-venta. Si acaso, está la versión de un chofer que dependía de la Tesorería, quien dijo haber sido el encargado de recibir los cobertores y que firmó notas de remisión. El ahora exempleado ni siquiera sabía por qué lo habían elegido a él para dicha operación.

En todo este tiempo, el gobierno, a través de la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Ernesto Canales, se ha encargado de ocultar las evidencias cerrando el caso. Un carpetazo y a lo que sigue.

Sin embargo, ha sido demasiado obvio y cínico el manejo que le dio la administración morada a un caso que se volvió cada más opaco por las pifias y argumentos sin fundamento de las autoridades.

Todavía ha quedado mucha basura bajo la alfombra. El fiscal Anticorrupción Javier Garza tendrá que limpiar el caso en aras de esclarecer desde donde provienen los hilos de semejante estafa.

Garza tendrá que revertir, si así lo decide, la impunidad que pesa sobre Rogelio Benavides, el exsubsecretario de Administración, quien ni bien se destapó la "olla" fue separado del cargo y "penalizado" con $7,000 pesos originalmente, pero luego con $274,000 –que nunca pagó– debido a la presión social. El gobierno ni siquiera fue inteligente para elaborar una estrategia más creíble.

Pero peor fue lo de Gonzalo Padilla, el actual director de Adquisiciones. Como jefe de compras, estaba enterado del proceso y, en todo caso, era él quien debió detectar las irregularidades en dicho negocio, cosa que no ocurrió. 

Padilla apenas fue multado con $244,000 pesos –que tampoco pagó–, pero sigue en pie operando. Incluso, se le ha permitido encubrir el delito mediante un amparo. 

Además, la empresa "contratada" –Comercializadora Mirof– en la compra simulada de 200,000 cobertores recibió una penalización económica de $70,100 pesos. Entre todos los cargos la suma trepa a $588,100 pesos, apenas el 2% de los recursos desviados.

Ante tantas anomalías, para la Fiscalía Anticorrupción no será un caso cualquiera. De su mano dependerá el éxito del nuevo modelo.

Volver arriba