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La figura del fiscal


El viernes pasado, el Congreso del Estado nombró al hasta entonces magistrado Gustavo Adolfo Guerrero, como el primer fiscal General de Nuevo León. Bajo esa nueva figura, desaparecerá la del procurador y con él, la subordinación de las áreas de procuración de justicia a las tareas del gobernador. Junto con el fiscal General, se nombraron a otros dos fiscales, que ocuparán unidades de la Fiscalía que, en la discusión del Sistema Estatal Anticorrupción, se estimaron lo suficientemente importantes, como para darles también a éstos una gestión y un nombramiento autónomo.

He leído opiniones que criticaron duramente el proceso de selección de los nuevos fiscales. Las inconformidades se basan, sobre todo, en que al final, la reforma para darle autonomía a la procuraduría, terminó en una decisión tomada entre partidos políticos. Quienes así se quejan, no entienden el rol de los partidos en nuestra sociedad, ni la figura del fiscal. Ni tampoco, el paradigma que su incorporación a nuestro sistema público supone. 

Los teóricos clásicos de la política, de los Siglos XVII en delante, pugnaron por un sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder gubernamental. Las ideas que ganaron consolidaron el modelo inglés de monarquías limitadas en Europa, en el cual el rey o la reina tenía que rendir cuentas al Parlamento. Después, las ideas de Montesquieu popularizaron en Occidente que del Ejecutivo tampoco dependiera directamente la judicatura. Este modelo se exportó adaptado a Estados Unidos: la democracia que vendió Tocqueville a los europeos. Poco a poco, se ha ido replicando en prácticamente todo el mundo occidental. En América Latina, hasta finales del Siglo XX. En Europa después de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y, más todavía, acabándose la Guerra Fría.

La mayoría de los teóricos afines a la democracia liberal –como la mexicana– aportaron, aunque sea un solo concepto trascendente. La construcción de nuestro sistema de organización social para la toma de decisiones públicas (que eso es el sistema político a final de cuentas) es el resultado de un proceso fuerte, largo y colaborativo de discernimiento. Rousseau introdujo la noción de la soberanía popular –el que manda, el poder supremo es el pueblo y no el jefe de Estado–, pero en términos de representación perdieron sus propuestas de democracia directa; y aplicamos las ideas de Locke en casi todos lados. La premisa es más o menos la siguiente: ante lo impráctico e inconveniente que supone que todos decidamos todos los asuntos del gobierno, existe un único derecho compartido por todos que es el del voto universal para escoger a nuestros representantes.  Después, son ellos en quienes depositamos la soberanía popular y, a través de una encomienda de lealtad, toman en nombre del pueblo las decisiones políticas correspondientes.

Los críticos del nombramiento del fiscal parecen rousseaunianos: se quejan de que no haya sido a través de un "proceso ciudadano". Para muchos medios de comunicación local, desprestigiar a nuestras instituciones de representación es orden del día, todos los días. Es cierto que a medida en que estamos la mayoría de la población en interconectividad permanente, es cada vez menos impráctico que se nos consulten más asuntos de gobierno (creo que lo inconveniente permanece); y también, que el sistema político que adoptamos tiene sus asegundes. De todas formas, para bien, la tendencia en los últimos años ha sido la necesidad de limitar el poder del alcalde, el gobernador y el presidente. En la figura del fiscal está inscrito este sentimiento.

En lugar de que el gobernador designe directamente al encargado de la procuración de justicia, ahora el Congreso de Nuevo León hizo una convocatoria a todos los abogados del estado, que quisieran apuntarse, para ser evaluados para ser fiscales. Los candidatos registrados fueron examinados por un Comité de Selección, integrado con representación plural de distintos sectores de la sociedad (creo que aquí hay un término medio entre las dos corrientes de pensamiento); y, también, fueron evaluados por los diputados locales.  Al final, los diputados siguieron un proceso natural de negociación y lograron los tres nombramientos casi por unanimidad.

Los que ven este proceso con malos ojos no dimensionan la responsabilidad de fomentar una frustración inexistente entre la ciudadanía. Ese enojo sembrado repercute en el fortalecimiento de propuestas populistas y demagógicas. Además, no hay una postura constructiva: ¿qué es lo que quieren?, ¿disolver el Congreso del Estado y acabar con nuestro sistema de representación? ¿Quieren quitarles a los partidos políticos toda su capacidad de decisión? ¿Tienen una propuesta de un mejor sistema de toma de decisiones que el que en el mundo occidental hemos construido con las aportaciones de las mejores plumas políticas a través de los siglos? Si es así, que nos lo hagan saber, por favor.

roberto.mtz05@gmail.com

Twitter: @Roberto_MtzH


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