La informalidad no se acaba


Por años, este problema ha sido incontrolable. La autoridad municipal de diversas administraciones ha sido cuestionada, pero existe la impresión de que no es un asunto que esté en sus manos, al menos no en su totalidad, resolver.

De acuerdo con cifras del INEGI en México poco más de la mitad de los comercios, un 57%, son informales y en Nuevo León las cifras son similares: cuatro de cada diez evaden el pago de impuestos municipales y hacendarios. 

Los esfuerzos del gobierno federal a través de las secretarías de Economía y Hacienda para proveer estímulos fiscales y ordenar el comercio informal han sido infructuosos. 

Las autoridades estatales en NL y las administraciones municipales de toda el área metropolitana solapan el ambulantaje y la proliferación no sólo de puestos fijos y semifijos en las principales calles y avenidas, sino la instalación de "mercaditos" en las colonias que secuestran calles, amparados por la tutela de líderes sindicales y centrales obreras. 

Si un grupo de amas de casa cierra una calle para protestar por la falta de agua, por ejemplo, de inmediato son conminadas por la buena o por la fuerza a despejar la vía pública. El argumento, válido, es que es ilegal obstruir el paso afectando a terceros. 

Lo curioso es que esta misma ley no se aplica a los comerciantes que invaden las calles y banquetas de la ciudad con sus vendimias. 

A esta gente que, visto desde otra perspectiva tiene el derecho a trabajar, debería ser obligada a ejercer su derecho, sin afectar al resto de los ciudadanos. 

No sólo se le sigue permitiendo competir abiertamente con la formalidad, sino que también cuenta con las eternas complicidades desde los municipios –vía sindicatos– para que el negocio sea redituable para todos. 

Ninguna estrategia de las que se han implementado a nivel federal o local, sobre todo fiscal, han funcionado. Al contrario, las consecuencias las han pagado los comerciantes formales, al operar en desventaja con sus competidores, en desigualdad de circunstancias. 

Mientras la ley de la calle sea la que manda mediante la corrupción, la informalidad seguirá proliferando, pues resulta ingenuo pensar que podrían operar sin contubernio de inspectores de comercio de los Ayuntamientos. 

Existe la impresión de que no es un asunto que pueda un alcalde solucionar de tajo. Podrían existir otra clase de intereses más poderosos que la autoridad de un presidente municipal. 

Tampoco es sencillo. Nadie desde los gobiernos municipales se atreve a mover un dedo en este asunto dominado históricamente por intereses políticos y electorales. Todos los planes para erradicar estos comercios suponen ser simulados. 

Las cifras revelan que la tasa de informalidad en Nuevo León rebasa el 40% y que, de acuerdo con un recuento realizado recientemente por la Cámara de Comercio, se detectaron más de 3,300 comerciantes informales. 

En la administración municipal de Margarita Arellanes, de acuerdo con la Canaco, el problema se agudizó por el desmedido otorgamiento de permisos para informales. Y ahí sí que ni modo que se lo achaquen a centrales obreras o sindicatos priístas, dado el origen panista de la exalcaldesa, cuya administración también lidió con señalamientos por otorgar licencias a negocios de los llamados "giros negros". 

Ignorar el contexto político en todo este tema sería una ingenuidad. 

Este tipo de irregularidades continuará, por una sencilla razón: la inmunidad es evidente y la fuerza adquirida por quienes controlan a los que operan al margen de la ley, también. 

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