La verdad real sobre los cobertores


La compra fantasma de 200,000 cobertores por un valor de casi $30 millones de pesos amerita, cuando menos, una sacudida intestinal en el gobierno de Jaime Rodríguez y un procedimiento penal por el fraude a los nuevoleoneses y al fisco.

Es lo menos que se exige, para desenmascarar una nociva red de corrupción cultivada por una administración de doble moral que se supone inmune a los actos deshonestos que siempre creyó le pertenecían a otros. 

La investigación y conclusión de la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre el fraudulento caso pone al gobernador y a su séquito sobre las cuerdas, si es que ya no están en la lona. Comenzando por el fiscal Ernesto Canales, jefe de operaciones del irresponsable encubrimiento de la mega estafa.

La Auditoría fue más allá de lo que hasta ahora se sabía. Quizá nos quedamos con la idea de que los precios inflados de los cobertores era la principal causa de corrupción. Incluso, se sospechaba de cierta simulación, pero no que toda la movida era una farsa.

Para la ASE, definitivamente, no existieron los cobertores en cuestión. No existen pruebas de que hayan llegado al gobierno, tal y como en su momento también lo había señalado la Contraloría Estatal.

Se supone que una operación de tal magnitud debería estar respaldada por documentos oficiales, pero éste no ha sido el caso.

En la deliberada transa lo único que se presentaron fueron notas de remisión sin validez fiscal y las únicas firmas que aparecen en todo este asunto pertenecen al chofer de la Tesorería. Sí, al chofer. Ningún funcionario administrativo estuvo presente para darle formalidad a la supuesta compra.

Ni hablar de la Comercializadora Mirof SA de CV, la empresa “ganadora” del concurso y, obviamente, de la trampa. Hay una factura apócrifa de casi $30 millones de pesos dando vueltas, pero eso no es todo. Dicha distribuidora no acredita ante Hacienda para fabricar lo que supuestamente vendió, según refiere la Auditoría Superior.

La verdad histórica del gobierno en el mega fraude de los cobertores fue que hubo “fallas en el sistema administrativo”, pero nada que pueda ser penalmente castigado.

Así lo había confirmado el subprocurador Canales, quién según en sus propias, particulares y sesgadas investigaciones cerró el caso porque no existían elementos probatorios para elevar el caso al estatus de estafa al erario. La pregunta sigue siendo la misma: ¿quién se ha quedado con el dinero?

Lo de Canales fue más penoso aún cuando resolvió “indultar” a los principales responsables del “error”: el exsubsecretario de Administración, Rogelio Benavides Pinto –hoy cómodamente ubicado en el gobierno de Tamaulipas– y a Gonzalo Padilla Orozco, el director de Adquisiciones que, con todo y escándalo encima, sigue “chupando” recursos de la nómina estatal.

La verdad histórica también tuvo una solución histórica: sanciones simbólicas a Benavides y Padilla, y el arreglo “satisfactorio” al que llegó la Subprocuraduría de Canales con el proveedor, la polémica Comercializadora Mirof, para que ésta repusiera el 30% de los cobertores por no tener las medidas contratadas. 

Frente a este cinismo en estado puro, políticos y organizaciones civiles hoy exigen que se actúe penalmente en contra los responsables y que sea la justicia quien exonere o condene a los corruptos, y no las autoridades.

Y ojalá también que la próxima Fiscalía autónoma logre transparentar lo que la Fiscalía oficial de Canales, con sus criterios y ridículos justificativos, ha escondido para terminar siendo gestor y cómplice de la impunidad por proteger de manera sistemática a los responsables y al propio gobierno.




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