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Libro: Seguridad y Justicia Penal en la Industria Energética


Se ha discutido exhaustivamente las posibles ventajas y el fortalecimiento jurídico que ha tenido la reforma energética de 2013; no obstante, poco se ha hablado sobre las fallas no económicas que la reforma ha permitido ver.

Este argumento me impulsó a coordinar y proponer esta obra colectiva que reúne distintas voces, del sector público y privado, en aras de esclarecer los nuevos retos que existen en el sector energético asociados con la seguridad y el delito.

La reforma energética desagregó los subsectores de la industria energética, quitó de las manos de Pemex y CFE el monopolio del sector e incorporó nuevos actores a la industria que antes jugaban un papel secundario. Esta medida aumentó la competencia económica de la industria, potenció la llegada de inversión extranjera y facilitó la entrada de empresas mexicanas. Pero también, al eliminar el control total del Estado en el sector, aperturó la posibilidad de que “otros actores” intervinieran en medio de los procesos para beneficiarse ilícitamente, y se expusieron las heridas que ya existían. El robo de hidrocarburos, la venta ilegal de combustible, el robo de electricidad, los delitos ambientales, el manejo ilícito de reactivos nucleares, la falta de códigos de compliance al interior de la industria –todos ellos, temas de esta publicación– forman parte de un fenómeno delictivo al interior de la industria más importante de México y del mundo. Considero que hay dos reflexiones de fondo a hacer respecto al fenómeno delictivo: primero, las instancias de procuración de justicia no cuentan, todavía, con un conocimiento amplio de cómo operan estos delitos; segundo, la incidencia delictiva en el sector golpea fuertemente la competitividad y atenúa los efectos multiplicadores de la reforma.

En el caso de la primera reflexión, el título segundo de este libro –sobre delitos especiales– podrá esclarecer muchas dudas. El artículo de Alfredo Orellana ilustra cómo se opera dentro del robo de hidrocarburos –incluyendo los vínculos con el crimen organizado– y qué retos tienen las instancias de procuración de justicia y las empresas, para actuar de forma oportuna. De forma paralela, Alejandro Chanona y Pamela Olvera introducen un sistema de gestión de datos que sirve como prevención del delito en caso del robo de hidrocarburos y de venta ilegal de combustibles y Juan Eibenschutz enmarca los esfuerzos de prevención y regulación para el caso de la actividad nuclear. El comisionado Luis Guillermo Pineda y Francisco de la Parra nos señalan el modus operandi del robo de electricidad y cómo éste se vincula al deterioro de una política de eficiencia energética, se destaca de forma importante la inclusión de medidas alternas de solución de controversias –impulsadas por el nuevo Sistema Penal Acusatorio– para la resolución de conflictos entre el operador del servicio y los usuarios finales. Por último, Arturo Guillén y Paolo Salerno muestran las implicaciones ambientales, que pueden formar parte de una conductiva delictiva, de la industria destacando la falta de regulación en la materia y la importancia de analizar con mayor profundidad el fracturamiento hidráulico –que si bien, tiene gran potencial en el norte del país, se debe fortalecer el marco jurídico para desincentivar la incidencia de delitos ambientales–.

En el caso de la segunda reflexión, el inversionista ve en el sector energético un desaliento, debido a la recurrente incidencia delictiva. Las instituciones creadas a partir de la reforma, y la renovación de las que fueron anteriores han apostado por dar certidumbre jurídica, cumplimiento a contratos, incentivos económicos para inversión, marcos regulatorios flexibles, pero no ha sido posible disminuir el Riesgo País por la actual situación de seguridad. México –que según el índice Doing Business se encuentra en el lugar 49° a nivel mundial– ha sido la apuesta para muchas compañías del sector energético, así lo expresó la International Energy Agency en sus publicaciones anuales de Mexico Energy Outlook, pero sigue existiendo mucha suspicacia. Esta publicación cuenta con diversos artículos como el de Fabiana Galeno y Gustavo Moscoso, que impulsan que las propias empresas incorporen códigos de compliance de manera que haya una responsabilidad compartida entre el Estado mexicano y las empresas. Es una forma de mejorar la cooperación entre las partes para unir fuerzas a las externalidades negativas que afectan la industria.

Esta publicación recae en el tiempo apropiado para evaluar la actual situación del sector en materia de seguridad y justicia, para que los tomadores de decisión y las empresas puedan tener una línea de acción común. Es imperativo, para la eficiente implementación de la reforma energética, que disminuya la incidencia delictiva. No era materia de la reforma energética los delitos vinculados a la industria, pero sin duda, están entrelazados.

La competitividad del sector está en juego, y es por tal motivo, que ejercicios como el que se observará en esta publicación permiten profundizar el debate sobre los delitos energéticos y cómo prevenirlos y combatirlos. Si México aspira a ser una potencia energética deberá reorientar su política de seguridad y justicia, para que se pueda apuntalar a las nuevas necesidades que introdujo de reforma energética. A un libro como éste, con la calidad de sus autores, le merece un ávido interés de sus lectores y una visión crítica.

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