Más inocentes que orquestadores


El gobierno de Nuevo León está ante una buena oportunidad para colaborar y no bloquear más el hilo conductor del mega fraude de los cobertores. Que paguen, realmente, los que tengan que pagar y no sembrar sospechosos ni culpables para distorsionar la causa.

No es coherente que, por ejemplo, el caso se reduzca a la persecución del chofer de la Tesorería (Luis Alfonso Álvarez) como partícipe directo de la estafa de $30 millones de pesos al erario por el solo hecho de firmar papelería irregular.

Amén del grado de responsabilidad que pueda tener el empleado en cuestión, sería una justicia absurda que se le cargue la mano a una persona que ni planeó ni operó la fraudulenta movida. En todo caso, el chofer sería un eslabón más –quizás el menor– de una cadena de corrupción que viene desde arriba.

El Horizonte dio a conocer el lunes que, posiblemente, los principales ejecutores del desfalco queden impunes. 

Esto se deriva de las investigaciones y de la querella que presentará la Auditoría Superior del Estado (ASE), en las que se apunta a varios personajes, menos a los verdaderos responsables: el exsecretario de administración, Rogelio Benavides, y el aún director de Adquisiciones, Gonzalo Padilla.

Es cómico que sólo una exdirectora de administración de Desarrollo Social (Helena Silva Parra), una secretaria de la dependencia (Luz Natalia Berrún) y el mencionado chofer hayan sido detectados como supuestos padres del atraco por descuidos administrativos.

Así lo subraya una de las tantas observaciones de la ASE, donde especifica que Desarrollo Social era el área encargada de coordinarse con la parte vendedora (Comercializadora Mirof) para la entrega de los bienes adquiridos.

Y, por lo tanto, debía realizar la verificación de las supuestas 200,000 mantas. La que falló aquí, según la Auditoría, fue la secretaria.

Pero también la exdirectora y el chofer para la ASE cometieron el error de firmar notas de remisión en esa simulada entrega-recepción, aunque los compromete mucho más el haber dicho que sí vieron los cobertores cuando, de acuerdo a las investigaciones, jamás aparecieron.

No queremos pensar mal, pero todo pareciera ser una jugada de ajedrez de las autoridades estatales para presionar sobre un escenario, o más bien, sobre gente que se topó con una estafa de frente, quizás sin saberlo.

Sería muy extraño imaginarse que estas tres personas hayan estado coludidas con Benavides y Padilla para asaltar las arcas estatales. Sí es una obviedad que puedan ser utilizados ahora como “chivos expiatorios” en una perversa estrategia para cuidar las cabezas del desfalco.

Ya hemos visto como el subprocurador Ernesto Canales “indultó” en su momento a Benavides y Padilla con multas simbólicas en una clara acción proteccionista.

Ahora bien, si ha sido el propio gobierno el que se dio cuenta que sus funcionarios habían incurrido en una irregularidad, creeríamos que es natural que, para efectos de transparencia, le pase el dato al auditor y éstos sean vinculados a la causa.

Porque la impunidad sería el peor mensaje que podría ofrecer el gobierno “independiente”. Aquí no es cuestión de lo que resuelva en los próximos meses la nueva Fiscalía sobre este abierto caso de corrupción, sino ver el real compromiso del Ejecutivo de sincerarse y reconocer sus fallas sin enlodar más la cancha. 


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