Oootra reforma política-electoral


Apenas en el año 14 se concretó la reforma política-electoral; luego del desastre en la administración y ejecución del proceso electoral, nadie duda que deben reformarse la Constitución y la Ley Electoral en lo referente a la vida democrática de México y sus instituciones.

En la reforma estructural política y electoral de la primera mitad del peñanietismo, se extinguió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, fue sustituido por la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, la Ley de Delitos Electorales y la Ley de Partidos Políticos.

Una legislación hecha en las rodillas que dejó en la indefensión a los partidos y candidatos, ante la ambigüedad en el texto de las leyes y la permisividad para que la autoridad electoral, en sus diferentes ámbitos, interpretara al gusto o a conveniencia.

Gracias a la generalidad en el texto de las leyes, los representantes jurídicos de los partidos y candidatos, así como la autoridad en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral (conocido como Trife) tuvieron que caminar en arenas movedizas.

Los desaguisados entre INE y Trife, fueron la nota previa, era perceptible que ambas instituciones respondían a una mano superior que las manipulaba o utilizaba conforme fuera conveniente.

El principio de toda ley es que regula la vida de la sociedad en un aspecto determinado, además de ser clara, entendible, aplicable, útil y acorde a la realidad existente, la legislación electoral en muchos aspectos no cumple con los principios de toda buena ley.

Entre algunos de los aspectos por enmendar está la duplicidad de funciones entre las Oples (organismos públicos locales electorales) y las Comisiones o Institutos Estatales Electorales; al respecto la ley es clara, el INE es rector de los procesos electorales y se apoya en las Oples para las elecciones locales.

No faculta a las entidades federativas para tener un organismo autónomo que dirija las elecciones locales; sin embargo, siguen existiendo ambos organismos, las Oples y las Comisiones, un aspecto que en la reforma del 14, fue medular para aplicar la eutanasia al IFE y heredar las tareas al INE.

Nuestra democracia necesita una ley que sea clara porque donde hay interpretaciones, queda la posibilidad que personajes como Lorenzo Córdova, interprete a modo la legislación.

Del mismo modo, es urgente que el texto constitucional sea plenamente reflejado en la legislación electoral, tomemos como ejemplo el artículo 134 de la Constitución, que establece la prohibición a los gobernantes para ejercer proselitismo electoral; sin embargo, bajo el argumento que no está reglamentado, tiene más de una década siendo letra muerta.

La elección reciente demuestra que en nuestra democracia, la reelección sigue siendo un tema por afinar. Fueron múltiples los casos en los que los alcaldes interesados en reelegirse utilizaron el aparato de gobierno para su causa.

Lo mismo en Sabinas Hidalgo, NL, donde el munícipe empleó la institución municipal para operar a favor de su campaña, que en Allende, donde ilegalmente el munícipe en intento de reelección metió a policías municipales armados a las casillas sin justificación que mediara.

El asunto del chapulineo debe legislarse para el año 21, pues corremos el riesgo de quedar en la ingobernabilidad pues los actuales gobernantes pueden intentar el salto a un espacio nuevo.

La permisividad al margen de la ley dañó la legalidad, así tuvimos gobernadores con permisos para hacer campaña y gobernar al mismo tiempo, gobernadores como el caso de Miguel Ángel Mancera, quien pudo saltar a una senaduría, tirando la responsabilidad gubernamental.

Tal parece que la falta de estadistas en el Congreso de la Unión y los intereses particulares de grupos y partidos ha provocado que tengamos un Frankenstein por legislación electoral.

Es tiempo que se plantee una ley electoral útil, justa, equitativa, que transparente la democracia y permita la igualdad electoral en las contiendas, que acabe con los parches a la misma al término de cada elección, tal como ha ocurrido recurrentemente desde hace más de 30 años.


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