Rebelde


Ha pasado apenas un mes del sorpresivo fenómeno que nos trajo una verdadera transformación política, que tiene múltiples explicaciones lógicas en el hartazgo que el sistema mexicano ha provocado en los ciudadanos. El próximo Presidente de nuestro país nos ha arrastrado a un torbellino de decisiones aceleradas, no todas realizables en el breve plazo. Más de una decisión anunciada ha comenzado a provocar fricciones entre los poderes.

Los primeros en rechazar la sugerida reducción de los sueldos han sido los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Cierto, la ley primera, que los magistrados deben ser los más indicados para respetar y hacer cumplir, establece que nadie puede ganar más que lo que perciba el Presidente de la República. Andrés Manuel ya ha determinado que se reducirá sus emolumentos totales a poco más de $100,000 pesos. Los magistrados no están de acuerdo con la idea. En esencia, la argumentación que presentan es que los salarios elevados son una garantía de que no habrán de caer en tentación de cometer pillerías al ejercer su cargo y misión. Un argumento semejante han expresado algunos comentaristas: los funcionarios de diferentes áreas, que han pasado decenas de años trabajando, merecen ser bien remunerados dado que su trabajo les ha costado adquirir conocimientos especializados que son imprescindibles para manejar –digamos– los recursos energéticos del país, sus organismos financieros u otras áreas sensibles de la función pública.

Otra rama de la función pública, que tradicionalmente ha sido maltratada en México, es el servicio exterior. Pretender tratar con el mismo rasero al embajador de México en Guatemala y al embajador nuestro en Tokio o en Naciones Unidas es una barbaridad. Nuestras representaciones en el extranjero, si se van a manejar con la política "cuentachiles" que se disfraza de austeridad republicana, van a dar pena ajena y lástima poco envidiable. Para ese caso, cerremos las embajadas y consulados de México en el extranjero. Ya podrán los exégetas del próximo Presidente presumir los millones y millones de pesos que se ahorrarán con una actitud así.

Pero el asunto va más allá del regateo de unos pesos o unos yenes, dólares o bolívares. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha llamado la atención sobre otra intención declarada por el nuevo presidente, el nombramiento de 32 delegados del Poder Ejecutivo Federal, uno por cada entidad, en lugar de los delegados que las secretarías de estado mantienen en la República. 

Para que no quede duda de que le estaba poniendo el cascabel al gato, Alfaro dice: "con el Presidente, coordinación y voluntad para construir acuerdos, siempre; subordinación y sometimiento al margen de nuestras leyes, jamás". La denuncia deja bien claro que la intención de estos superdelegados, que semejan a los procónsules, estaría quebrantando el pacto federal.

Los 17 senadores se han adelantado a la promesa del nuevo Presidente que presume de eliminar el fuero que protege a los funcionarios públicos frente a la persecución de autoridades judiciales: ellos pretendían renunciar al fuero. Un juez federal se negó a concederles el amparo en este sentido y el asunto llegó a la Suprema Corte. El ministro José Fernando Franco González ha preparado un proyecto de resolución ratificando la decisión del juez: el fuero constitucional forma parte de una garantía que beneficia el principio de división de poderes. Los legisladores no pueden renunciar al fuero.

Este mes que se cumple hoy sugería que el carisma y personalidad de Andrés Manuel López Obrador iba a arrastrar un torrente de disciplinado aplauso y loa a todo lo que de su pecho surgiera. Parece que no va a ser así. La disciplina del presidencialismo priísta, si leemos bien los resultados de julio 1, ha desaparecido de nuestro panorama político.

felixcortescama@gmail.com

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