Sin liderazgo, nadie se hace cargo


Los tres penales de Nuevo León siempre han sido “una preocupación” para el gobierno, incluso hasta antes de asumir, según han coincidido diferentes funcionarios estatales después de cada motín. Nadie duda que estén preocupados. El detalle es saber quién se hace cargo.

En el motín de Cadereyta se confirmó esta semana lo que hasta aquí ha sido una constante: las altas autoridades que –suponemos– deberían asumir la mayor responsabilidad sobre los frecuentes incidentes en las cárceles nuevoleonesas no han aparecido en ninguna foto.

Y quizás aquí radique el principal síntoma de la crisis: no hay dirección ni liderazgo.

Es obvio que las familias de los reos están en su derecho de pedir información sobre lo que ocurre dentro de un penal en llamas, como sucedió esta vez en Cadereyta. Cualquier familiar necesita saber sobre los muertos y heridos. Quieren saber quiénes son y qué han hecho con sus cuerpos. 

Sin embargo, otra vez, la desinformación ha abonado al caos, como en cada uno de los 12 incidentes penitenciarios anteriores que acumulan las actuales autoridades en su bitácora.

La falta de esa respuesta oportuna retrata el poco profesionalismo político para atender una situación grave y compleja. Tampoco ha sido un hecho que al gobierno lo haya tomado desprevenido para no saber cómo manejarlo.

Las autoridades fallaron feo en la primera gran masacre del Topo Chico en febrero de 2016, cuando fallecieron 49 presos. Aquí la inacción se combinó con la falta de experiencia. 

Sin embargo, lo llamativo es que después de este caso hubo muchas otras oportunidades más para resarcir errores y no se ha aprendido ninguna lección. 

Las autoridades todavía no saben cómo reaccionar en sus dos vertientes: ni con los reos ni con la gente. Es increíble que 48 horas después de lo sucedido en Cadereyta no había claridad sobre si los presos muertos eran todos los que decían.

El encadenamiento de omisiones, la ausencia de rápidas acciones, un dilatado silencio que se extiende por larguísimas horas, y una confusa información muestran la cara de la incompetencia. El gobierno sigue teniendo una postura exageradamente casual y primitiva.

También preocupa que ningún funcionario con atribuciones para decidir sobre temas de seguridad ponga la cara al frente. Lo sigue haciendo quien no debe.

El secretario de Gobierno, Manuel González, principal responsable del sistema penitenciario, no salió a aclarar los detalles de la nueva tragedia y de otro papelón político, sino que lo hizo Aldo Fasci, exvocero y hoy director del Cisec.

Y lo lamentable es que un vocero se haya hecho cargo de todo lo que ha pasado en Cadereyta. Incluso, del “fuego letal” que acabó con la vida de algunos presos.

Absorber en nombre del gobierno semejante golpe no deja bien parado ni siquiera a Fasci. Al contrario, expone a cielo abierto la desorganización en la cadena de mandos.

Es curioso, además, que para accionar el gatillo ante los presos sí se haya seguido un “protocolo de rigor”, según el gobierno, pero que no haya un protocolo similar y vertical en la administración para situaciones de emergencia.

Porque entre tanto champurrado, los familiares y los nuevoleoneses quieren saber, mínimo, quién dio la orden de matar presos y si realmente se hizo bajo un escenario extraordinario.

Y hay otras cuestiones que también hacen ruido, como la de un supuesto pacto entre autoridades y presos, y por qué en dos años no se ha hecho absolutamente nada para evitar tantas masacres. Nadie se hace cargo, ni siquiera de la palabra. 

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