Sin metas, combate estéril


Mientras los índices de inseguridad en los dos últimos años han aumentado de manera alevosa, las autoridades estatales todavía afirman que en Nuevo León estamos mejor que antes. Al menos, eso les dicen las comparaciones.

El gobierno de Jaime Rodríguez pone el pasado como referencia, pero pierde de vista la actualidad. Y en esa dirección no se sabe todavía si la seguridad es una prioridad en el estado. Diversas encuestas confirman lo contrario.

También lo hacen los empresarios, quienes esta semana han vuelto a levantar la voz por la falta de compromiso del equipo del “Bronco” para atender el caótico escenario. “No vemos metas”, dicen. En realidad nunca las hubo.

Es indudable que la improvisación en materia de estrategias ha provocado que los delitos se dispararan por falta de un plan madre que se sostenga en el tiempo. Lo confirman las tendencias.

Del 2015 al 2017, según el Observatorio Ciudadano, los principales delitos de alto impacto han crecido considerablemente. Los homicidios dolosos subieron un 42%, las extorsiones 46%, los secuestros 82% y el robo con violencia 27% por ciento. El comparativo se centraliza en el lapso de enero-octubre de cada año.

Ante esta foto, la IP del estado ve con mucha preocupación no sólo el avance de la inseguridad, sino la ausencia de programas que ayuden a detenerla. Los empresarios no ven, afirman, propósitos claros en el combate a los delitos, pero tampoco un seguimiento cercano del problema.

Esto se interpreta que como ente rector para coordinar los esfuerzos, incluso con los municipios, la administración “independiente”, hasta ahora, ha fracasado.

Pero lo peor, quizás, es que de este lado, como ciudadanos, experimentamos una realidad más amplia que la siempre cuestionable estadística.

Nos preocupa cómo sigue al alza el robo de vehículos –de enero a octubre de este año se han robado en el estado 3,476 autos– y a personas en las calles, más en estas fechas decembrinas. También cómo se ha disparado el abuso de autoridad (en un 300%) y cómo no se le pone freno al narcomenudeo.

Obviamente que con toda esta postal se ha modificado en dos años la opinión de los nuevoleoneses.

Al año de gestión, sólo el 24% de los ciudadanos consideraba la inseguridad como el principal problema. Sin embargo, hasta el pasado mes de mayo, el descontento ya se había elevado hasta el 55% de la población y se exigían más soluciones.

Ahora, la situación ha empeorado. La percepción de inseguridad de los regiomontanos que se vio reflejado en estos meses en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, indica que el 80% de los ciudadanos se sienten inseguros.

No es para menos y vale un dato: los homicidios dolosos, de los que subraya la IP de Nuevo León, traen paso de récord. Hasta octubre, la Procuraduría estatal registró 559 asesinatos, un promedio de 55 por mes en este 2017.

Con esta tendencia es probable que al cierre de diciembre la cifra podría superar los 644 homicidios que se apuntaron el año pasado y que ha sido el peor en inseguridad desde el 2014.

Pero quizás lo más lamentable es que sin un efecto reactivo ante tanto descontrol, la inseguridad se ha naturalizado desde la óptica de las autoridades, con el riesgo de que la sociedad se acostumbre a verlo como algo “normal”.


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