Una audaz jugada legislativa


Los diputados han decidido no cortar los avances de la actual Fiscalía Anticorrupción y la han orillado a ofrecer resultados durante 2018. Es decir, resolvieron prolongar la vida útil de la dependencia por un año más en tanto concluyan los procesos abiertos en contra de exfuncionarios.

La medida que aprobó el Congreso tiene un sentido, hasta cierto punto, razonable: los legisladores dicen que no quieren verse involucrados en un conflicto de intereses, toda vez que el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), con fiscales autónomos y que entraría en funciones en marzo, podría tumbar o bloquear alguna investigación.

Al menos, eso es lo que han sospechado siempre desde la administración estatal y que ha llevado al gobernador Jaime Rodríguez a vetar la Ley Orgánica de la Fiscalía General en junio pasado.

"El Bronco" nunca ha visto con buenos ojos que se le quite el manejo de una dependencia creada a modo para satisfacer sus propios intereses políticos-personales. Necesita presos para reverdecer su marchita popularidad y ser consecuente con su principal promesa de campaña.

Y en tal sentido, los diputados están dispuestos a darle chance, pero a un alto costo. Saben que más temprano que tarde desaparecerá la oficina más protegida por Rodríguez.

En un ambiente político desnaturalizado y dentro de un contexto provocativo y descalificado, es una obviedad que nada es gratis.

Para licuar conjeturas y darle por su lado al "Bronco", los legisladores aprobaron un artículo transitorio para que el subprocurador Ernesto Canales permanezca un año más en el cargo, o sea hasta 2019, en una especie de "Fiscalía de transición" y sólo para cerrar las causas que están pendientes.

Esto es, que Canales tendría todo 2018 para lograr desahogar con éxito, cuando menos, algunos de los 36 casos –más los que se acumulen– en los que se han vinculado a proceso a exfuncionarios y que todavía esperan una resolución.

La audaz jugada del Congreso se puede entender de dos maneras: por un lado, no se quiere entorpecer lo que ya está avanzado en cuanto a acusaciones sobre supuestas anomalías del gobierno anterior en aras de ofrecer un gesto de "colaboración".

Pero a cambio y en paralelo, se echará a andar la Fiscalía autónoma, alejada de los tentáculos de la administración "independiente". Es ceder algo para ganar mucho en la estrategia legislativa.

Por otra parte, se apuesta a que la Subprocuraduría de Canales continúe perdiendo batallas en un tiempo récord para consolidar el fracaso de gestión lo que, al final del día, justificaría aún más la creación del nuevo modelo de fiscalía. Algo así como que si alguien tiene que incinerarse, que sea Canales y no los diputados.

De todos modos, en los pasillos del Congreso, independientemente de este ajuste que se le ha hecho a la Ley, se duda que el actual sistema de justicia selectiva liderada por Canales logre su propósito. Ni siquiera, dicen, la arbitrariedad política que podría utilizar el gobierno tendría un efecto trascendente.

Lo único que se busca es que el Sistema Estatal Anticorrupción comience a funcionar cuanto antes y que la nueva Fiscalía no le deba nada a ningún político y, por lo tanto, pueda mantener su independencia de operación.

Se espera que con el SEA haya un combate más serio a las prácticas de corrupción, a las simulaciones jurídicas y a la opacidad que, de cumplirse, para la gestión del "Bronco" sería una implacable derrota.

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