Una crisis donde se queman todos


Los penales se queman y los reos muertos se multiplican en un Nuevo León que no logra escapar a su profunda anarquía penitenciaria. Todo va a la deriva. No hay reacciones ni correcciones estructurales, ni mucho menos política.

Por increíble que parezca y después de tantas malas experiencias, un nuevo motín, con masacre incluida, puso otra vez en evidencia que aquello de que se iban a poner en orden las cárceles del estado ha sido y sigue siendo una corazonada para las autoridades estatales.

La conclusión es contundente: no existe capacidad de control. Ni siquiera las buenas intenciones de los políticos pueden considerarse como un acto de responsabilidad ante semejante descontrol.

Al contrario: hay una enorme irresponsabilidad frente a la crisis, toda vez que la descomposición que rodea al sistema carcelario local se confirma con una altísima frecuencia porque las “soluciones” continúan siendo periféricas.

El reclusorio de Cadereyta, por ejemplo, ya lleva tres incidentes en un año con un saldo de 20 presos muertos, 16 de ellos registrados en el último de esta semana.

Pero en lo que va de la actual administración, es decir, en dos años de gestión, la cifra de reos fallecidos suma 79 y un centenar de heridos, computando las riñas y asesinatos ocurridos también en los penales del Topo Chico y Apodaca.

En total han sido 13 eventos, la mayoría de ellos sangrientos, que han marcado, hasta ahora, al gobierno de Jaime Rodríguez. Un motín o una tragedia cada dos meses en promedio. Nunca en Nuevo León ni en el país se ha visto algo similar.

Es indudable que la negligencia sigue en su estado puro. Cárceles de mínima seguridad para presos de alta peligrosidad con una escasez de custodios capacitados para atender a tanta población.

Penales desbordados de reos que reciben tratos humillantes. Autogobiernos en complicidad con mandos y una limpieza estructural que nunca ha llegado. Todo suma en la incontrolable crisis.

En abril pasado, después de tantos motines, muertes, análisis y “estrategias” inútiles, el gobierno estatal creyó haber encontrado el eslabón perdido cuando nombró a Rosa Manuela Félix Valles como cabeza del sistema penitenciario.

Sin embargo, da la sensación de que el estatus sigue siendo el mismo o peor. Nunca antes las fuerzas de seguridad habían tirado a matar presos dentro de un penal en el estado como ocurrió en Cadereyta.

Tampoco es normal que los reos respondan con balazos. Esto refleja el estado de vulnerabilidad de las autoridades penitenciarias y del gobierno, cuyas reacciones siguen siendo escandalosamente tardías.

Cuando Félix Valle fue presentada en su cargo, incluso antes de que se le aplicaran las pruebas de confianza, el propio secretario de Gobierno, Manuel González, aseguró que el cambio era “oportuno” para acabar con el encadenamiento de hechos violentos y la corrupción en las cárceles.

Lo que no explicó González, principal responsable de la seguridad de los nuevoleoneses y de los presos, fueron los argumentos de su optimismo entre tanto fracaso.

Porque un gobierno que sigue sacudiéndose las culpas para encontrarlas en sus subordinados y que no habla de una crisis penitenciaria sino de “hechos circunstanciales”, es probable que tampoco se dé cuenta de que está metido en el medio de la lumbre de los penales y continúa quemándose.

“Con los dudosos nombramientos en los principales cargos del sistema penitenciario y los retoques superficiales e inútiles, es probable que las autoridades estatales solo hayan logrado echarle más gasolina al fuego”


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