Una nueva Constitución para Nuevo León


La propuesta de crear una nueva Constitución local, que han planteado, cada quien por su parte, tanto el gobernador interino, Manuel González, como el diputado Arturo Salinas junto con el comité estatal del PAN, puede ser una buena oportunidad para hacer una revisión general al diseño institucional de los distintos entes públicos de este estado. 

En el Congreso de Nuevo León de forma recurrente se plantean reformas constitucionales que surgen atendiendo a problemáticas concretas. Sin embargo, contar con una cámara paralela (un poder constituyente) que dure tres años, que se aboque exclusivamente a revisar punto por punto nuestro sistema político estatal y a desahogar las negociaciones que modificarlo entrañan, supondría construir las condiciones adecuadas para someter a un escrutinio detallado nuestro esquema de organización gubernamental y para implementar prácticas de vanguardia.

México, por ser una federación está organizado por una Constitución que delimita los derechos fundamentales de sus gobernados y que crea las instituciones necesarias para gobernar. En esta Constitución se reconoce el Estado Federal como forma de Estado y se establece que cada una de las entidades que conforman esta federación son libres y soberanas en todo lo concerniente a su régimen interior. Desde luego que esta libertad y soberanía de los estados se encuentra seriamente restringida y delimitada por la propia constitución que la otorga. Sin embargo, como consecuencia de esas cualidades, cada entidad federada tiene también una constitución que sirve, básicamente, para crear las instituciones de gobierno local que componen ese “régimen interior”.

En consecuencia, existe una Constitución del Estado de Nuevo León que rige a la par de nuestra Constitución federal. La primera parte, dogmática, es en la práctica una mera formalidad, pues en realidad los derechos fundamentales se hacen valer apelando a la tutela de la jurisdicción federal; pero en la segunda parte, pueden organizarse a los municipios y a las oficinas de gobierno estatal como a nosotros los nuevoloneses nos plazca, siempre y cuando no vayamos en contra de la Constitución federal y observemos los requisitos mínimos que ésta exige para algunos casos concretos.

Pensar que el Congreso del Estado de Nuevo León, a la par de su trabajo ordinario, puede hacer una revisión concienzuda del diseño de cada una de las instituciones estatales desde la Constitución local es verdaderamente una ingenuidad. En política sucede un fenómeno que por más lógico que sea, no deja de sorprenderme: todos los temas son prioridad siempre. No puede dejarse la seguridad, el combate a la corrupción, la prestación de servicios públicos, la adecuada administración de justicia, los servicios de salud o la contaminación, de lado para atender alguna cuestión en específico. Tampoco pueden, éticamente, catalogarse estas cuestiones en una lista de prioridades enumeradas, sino que la trascendencia y el interés público detrás de la atención de cada uno de los anteriores asuntos gubernamentales provoca que dentro de cada una de las instituciones correspondientes al tema respectivo se le otorgue prioridad, y que los líderes del gobierno vean de todos estos temas todo el tiempo.

Desde hace cien años no existe un grupo de personas que se dediquen a buscar las mejores propuestas de diseño de instituciones para implementarlas en nuestra constitución nuevolonesa. Por eso, es tiempo de hacer una revisión del sistema político estatal. La propuesta es que la próxima legislatura local faculte a través de una reforma constitucional que en las elecciones del año 2021 elijamos a dos Congresos locales: el de siempre para la atención de los asuntos ordinarios y un Congreso especial constituyente, que se disolvería en el año 2024 y que se conformaría con este único propósito. Espero que esta idea se haga realidad, pues puede ser una oportunidad para pensar en formas de mejorar nuestro famoso “régimen interior”.

roberto.mtz05@gmail.com

Twitter: @Roberto_MtzH


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