Violencia electoral cobarde e impune


El actual proceso electoral es considerado el más voluminoso de la historia del país, pero también ya puede definirse como el más sangriento. Cuando menos, más de 90 políticos, entre precandidatos y candidatos, han sido asesinados en más de siete meses de campaña.

Hacer política en México, sobre todo en ciertas regiones de gran combustión social y altamente desprotegidas, es un riesgo enorme. 

Nadie les garantiza seguridad a poblados que sólo existen para el mapa electoral. Ni siquiera se preocupan los partidos que suelen aprovecharse del voto "pobre", pero sin reparar en detalles como un posible ataque a su propio candidato.

Está muy claro que la lucha por el poder en determinadas zonas del país no se resuelve en la campaña electoral o directamente en las urnas. Se resuelve a balazos, y el crimen organizado está detrás de la mayoría de los casos.

Tampoco es novedad que esto suceda en estados donde la violencia es incontenible. Guerrero, Oaxaca y Veracruz están entre los principales territorios de alto riesgo para postularse a una alcaldía o diputación local. Mucho menos es novedad que las autoridades federales desconozcan los "motivos" de tantos asesinatos.

Para el Instituto Nacional Electoral (INE), la violencia en la antesala de la contienda democrática es un hecho "condenable", pero no va más allá. No sabe qué hacer porque simplemente no tiene herramientas para evitar que esto suceda.

Tampoco el gobierno federal es garante en el contexto electoral. Lo aclaró el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, quien dijo que la administración de Enrique Peña Nieto se mantendrá "imparcial" en todo este proceso, pero que el Estado sí procurará preservar "el Estado de Derecho" para una contienda "transparente y segura". En pocas palabras, no se hará cargo de los muertos.

Aparte, si vemos que las instituciones del país no pueden con la delincuencia ordinaria, es un hecho que mucho menos están preparadas y fortalecidas para atender los casos extraordinarios.

La ola de violencia que se devora a políticos en campaña es un reflejo de la debilidad institucional, pero también es una radiografía exacta de la realidad del país donde vivimos, donde los candidatos se ven obligados a pactar con grupos delictivos porque no les queda otro remedio que elegir entre la supervivencia política o la muerte.

No es para menos que esta situación electoral genere incertidumbre y para lo cual se esperan respuestas, pero lo peor es que, pese a la seguidilla de atentados y amenazas, hay más impunidad que certezas.

Pero lo cómico de toda esta historia es que cuando se le preguntó a políticos –compañeros de algunas de las víctimas– sobre qué esperan de todo este violento proceso, coincidieron en que se deben clarificar los hechos, detener a los responsables y demostrarle a la sociedad que en México "no se permiten actos que atenten contra la democracia".

A veces dudamos sobre si los políticos realmente saben dónde están parados. Está bien que aspiren a tener otro país, pero es ridículo que mantengan un discurso que no encaja con lo que viven y se ve en el suyo.






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