Paran ‘licitación amañada’; juez otorga suspensión

Gana queja empresa que hoy da el servicio de tarjetas electrónicas ante súbito cambio de proveedor, en proceso repleto de anomalías
Paran ‘licitación amañada’; juez otorga suspensión

La licitación para renovar el servicio de tarjetas de vales para personas con discapacidad y adultos mayores, que fue duramente criticada por estar presuntamente amañada, se topó con un nuevo problema: un Tribunal Colegiado en materia administrativa ordenó “congelar” la firma del contrato con la ganadora Sí Vale.


Esto se debe a que la empresa SuperBoletos, que actualmente presta el servicio para el estado, promovió el pasado 30 de septiembre un recurso de amparo en contra de la licitación, y obtuvo este lunes una suspensión provisional para que el gobierno de Jaime Rodríguez no pueda rescindir el contrato actual ni firmar uno nuevo hasta que se resuelva el fondo del amparo.

El despacho Fiscal y Legal Black Armour, que lleva el caso para la filial del Grupo Avalanz, fue notificada ayer sobre el recurso otorgado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, luego de que fuera promovido un “recurso de queja”, pues el juez de Distrito que admitió el caso días antes dio entrada al amparo, pero no otorgó la suspensión provisional.

La empresa SuperBoletos, a través de sus representantes legales, argumentó que actualmente cuenta con un contrato vigente con el gobierno de Nuevo León, y antes de haber realizado la licitación, debió informarle con 90 días de anticipación que planeaba rescindir el contrato con ellos.

Además de que reclamó la ilegalidad de la convocatoria, al no haberse notificado a ésta sobre la misma, y coartarle su derecho a participar en el concurso para prestar el servicio.

Cabe destacar que el contrato entre el gobierno de Nuevo León y SuperBoletos concluyó en 2014; sin embargo, la entidad continuó requiriendo el servicio y la empresa prestándolo, por lo que el contrato se prorrogó de manera tácita, según se estila en el ámbito administrativo, al no haber una rescisión de contrato.

“Se ordena a la autoridad abstenerse de rescindir, cancelar y/o terminar en forma unilateral con el Contrato de Prestación de Servicios para que (...) se abstenga de firmar o formalizar el contrato con motivo de la adjudicación”, informó SuperBoletos.

Ahora la empresa espera ser notificada sobre la fecha de la audiencia constitucional, tras la cual se espera que la solicitud de amparo sea resuelta entre cuatro y seis semanas después. De concederse el recurso, el estado se vería obligado a reponer el proceso.

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