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Acusan 11 alcaldes a Gobierno de NL por extorsión política

Foto: Especial
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Ediles de la zona metropolitana y zona norte del estado acusaron el gobernador Samuel García por retener ilegalmente la entrega de fondos federales y estatales.

Once alcaldes metropolitanos y de la zona norte de Nuevo León, tanto del PRI como del PAN, acusaron hoy al gobernador Samuel García de retenerles ilegalmente la entrega de fondos federales y estatales y de aplicarles multas indebidas y extemporáneas como medida 'de extorsión y chantaje político'.

Esto en medio de las pugnas que él tiene con el Congreso de Nuevo León y en medio del proceso de designación del fiscal de Justicia.

En rueda de prensa, advirtieron que 'no somos empleados del gobernador'; y advirtieron que si el mandatario estatal no reconsidera, entonces abandonarán la Mesa de Coordinación Metropolitana, con excepción de las reuniones de Seguridad, Salud y Protección Civil, además promoverán controversias constitucionales y plantearán reformas ante el Congreso Local para quitarle facultades financieras al Ejecutivo.

Los alcaldes fueron encabezados por César Garza, de Apodaca, quien a su vez preside la Mesa de Coordinación Metropolitana; Cristina Díaz, de Guadalupe; Daniel Carrillo, de San Nicolás; y Francisco Treviño, de Juárez.

Ellos denunciaron que los recursos del Ramo 33, Infraestructura, Fortamun y Seguridad les debieron ser entregados a más tardar en octubre.


Alegaron que al dejarlos sin esos recursos, tanto federales como estatales, el gobierno del Estado está dañando la operatividad y la seguridad pública de todos los municipios afectados, que representan al 70 por ciento de la población total del Estado.



En la rueda de prensa, también estuvieron los alcaldes de Santiago, David de la Peña; de Cadereyta, Cosme Leal; y de Montemorelos, Miguel Salazar.

Adicionalmente, asistieron los ediles de Agualeguas, Ignacio Castellanos; de Higueras, Rafael González; de Hualahuises, José García; y de Bravo, Édgar Cantú.

'No somos empleados del gobernador, somos representantes ciudadanos, no somos subordinados, no somos municipios chiquitos...esto es un jineteo del dinero, y vamos a defendernos', expuso César Garza, de Apodaca.


Le dieron de plazo una semana al gobernador para que reconsidere.

'Nunca se había visto esta extorsión y presión política, pero no seremos rehenes, no seremos víctimas', alegó César Garza.


'No hay nada que lo justifique', expresó Cristina Díaz, de Guadalupe.


'Les pedimos ya liberar esos recursos... nos están impactando', sostuvo Daniel Carrillo, de San Nicolás.


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