Corrupción podría costar caro a 'gabinete bronco'

La administración estatal tiene pocas posibilidades de seguir en el gobierno, pero sí muchas de enfrentar denuncias penales por corrupción y otros delitos, pues la gestión de Jaime Rodríguez Calderón enfrenta hoy numerosos y graves señalamientos que, de acuerdo con expertos, podrían traerle tanto al “Bronco” como a varios de sus funcionarios consecuencias que lleven de por medio cárcel.

Frente a esto, la popularidad de la administración “independiente” ha ido en picada, pues tres años después de haber ganado la elección, Jaime Rodríguez es uno de los gobernadores peor evaluados del país, pues la encuestadora Arias Consultores instaló a Rodríguez Calderón como el peor mandatario en los meses de febrero y marzo, cuando le otorgó calificaciones de 7.8 % y 9.5 %, respectivamente, y aunque mejoró ligeramente en abril, en mayo pasado los ciudadanos lo calificaron con 12.9 % y lo ubicaron en el lugar 30 entre los gobernantes.

Por otro lado, las acusaciones por corrupción, peculado, ejercicio indebido de funciones, enriquecimiento ilícito y otros contra el gabinete “Bronco” ya están en manos de la Fiscalía Anticorrupción, y podrían tener celeridad cuando llegue otra administración que no “cuide” del actual gobierno.

De tal manera que la administración y sus funcionarios no tienen buenas perspectivas, pues enfrentan diversos señalamientos que los relacionan con actos ilegales, como la construcción de un “Palacio Rosa” cuyo costo rondaría los $25 millones de pesos.

Ese caso podría relacionar al “Bronco” con un presunto acto de enriquecimiento que la fiscalía ya analiza, toda vez que se presentaron denuncias por el presunto enriquecimiento inexplicable y probable desvío de recursos.

Aunado a ello, hay situaciones que han sido cuestionadas en la administración estatal, como lo es la compra de un avión no tripulado para el combate a la inseguridad, con una inversión de $57 millones de pesos, adquirido durante el periodo en el que Bernardo González estaba al frente de la Secretaría de Seguridad.

A estos casos se le suma la compra fraudulenta de 200,000 cobertores que presuntamente nunca llegaron pero que sí tuvieron un impacto al erario de casi $30 millones de pesos, o la adquisición con errores de 9,300 sujetadores para el Metro por un costo de $50 millones de pesos.

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