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Nuevo León

Desapareció gobierno Bronco 60 millones en Educación

Desapareció gobierno Bronco 60 millones en Educación
Foto: cortesía

Auditoría Superior de la Federación detecta desvió por casi $60 millones de pesos en pagos ‘fantasmas’ en programa especial para niños

Documentos de la Auditoría Superior de la Federación revelan un desfalco de casi $60 millones de pesos de recursos federales, que habría cometido el denominado “Clan Coahuila” que operaba en la Secretaría de Educación (SE) y era encabezado por su titular, María de los Ángeles Errisúriz, en perjuicio de los niños más pequeños y más pobres de Nuevo León.

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El llamado “Clan Coahuila” se refiere al grupo de funcionarios de origen coahuilense que controlaron los principales puestos en Educación de Nuevo León con el gobierno del “Bronco”, concretamente entre 2018 y 2021.

Dicho desfalco habría ocurrido, de acuerdo al reporte, porque la dependencia realizó pagos sin comprobar por $14 millones de pesos en 2020 y por $41 millones en 2019; mismos que se ejercieron a “asesores externos especializados” que presuntamente participaron en el Programa de Expansión de la Educación Inicial (PEEI).

 

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El programa, según sus lineamientos, está destinado a llevar educación a población infantil “que no ha sido atendida y que vive en comunidades de alta marginación y rezago social”. Este programa dependía de Herminio Cortez Bugarín, quien era subsecretario de Educación Básica y fue nombrado por la misma Errisúriz, ya que era cercano a ella y a través de él seguía manejando esa subsecretaría.

Las anomalías están consignadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los documentos llamados Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años en cuestión.

Según la ASF, el año pasado, la SE no pudo justificar $14 millones 246,782 pesos de los $130 millones 725,700 pesos que recibió para dicho programa.

En 2019 ya había ocurrido lo mismo cuando tampoco presentó recibos de pagos que solventaron $41 millones 408,316 pesos de $136 millones 809,700 pesos que les entregó el gobierno federal para ese fin.

En concreto, el monto desviado a pagos a asesores “fantasmas” asciende a $55 millones 655,098 pesos en 2019 y 2020.

En el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, se lee en el punto de Pliego de Observaciones, “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de $41, millones 408,316.50 pesos”.

Y en el análisis de 2020 el órgano fiscalizador federal puntualiza, “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal por un monto de $14 millones 246,782 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la tesorería de la federación por carecer de los recibos de pago de asesores externos especializados”.

Lo mismo indica en el año 2019. En el documento se consigna que la Contraloría de Nuevo León respondió a diversas observaciones de otros rubros, pero los pagos “fantasmas” no los pudo comprobar por eso pidió dar vista a autoridades investigadoras.

Por si fuera poco, la ASF señala que la SE también le estuvo pagando $12,000 pesos como asesor externo a un empleado que tenía una plaza federal pagada por la SEP lo cual resulta ilegal.

“(Se presume daño a la hacienda pública federal) por pagar con recursos del programa a un asesor externo especializado el cual contó con una plaza en la nómina educativa de la entidad federativa, pagada por la Secretaría de Educación Pública con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2020”, se lee en el dictamen.

Los desfalcos señalados por la ASF ocurrieron cuando el “clan” ya operaba en la dependencia pues iniciaron en el 2018 luego de que “El Bronco” perdió la Presidencia de la República pues, de hecho, según trascendió, llegaron a esa posición como un pago de favores del exgobernador, Jaime Rodríguez, al exmandatario de Coahuila, Humberto Moreira, quien lo habría apoyado económicamente.

El 14 de octubre El Horizonte documento que en la Secretaría de Educación de Nuevo León (SE) también operaba una “mafia” que se habría beneficiado con negocios “a modo”.

El grupo es denominado “Clan Coahuila”, un grupo liderado por la ahora exsecretaria María de los Ángeles Errisúriz y que se componía de al menos seis funcionarios, oriundos todos de Coahuila, que ocuparon las principales posiciones en la dependencia en la administración de “El Bronco”.

Exige ONG llegar hasta las últimas consecuencias

El nuevo vicepresidente del organismo Fortaleza Ciudadana, Ángel Quintanilla, afirmó que en este caso, señalado por la Auditoría Superior de la Federación, se debe llegar hasta las últimas consecuencias tratándose de recursos que eran para los más vulnerables.

Además el líder social puntualizó que era de conocimiento común que el “Clan Coahuila” ni siquiera estaba en Nuevo León, pero cuando lo hacía solamente era para cometer actos de corrupción.

“Debería de perseguirse hasta las últimas consecuencias. Es mucho peor si son personas de características vulnerables, todavía es más criticable que esos recursos que van destinados a personas que lo requieren, se pierdan o desaparezcan, por mal manejo administrativo, o peor, porque hubo un acto de corrupción”, puntualizó Ángel Quintanilla.

Por último el activista subrayó que la nueva administración estatal, que encabeza el gobernador Samuel García Sepúlveda, está obligada a presentar las denuncias correspondientes para recuperar ese dinero, el cual asciende a $55 millones 655,098 pesos de los ejercicios fiscales de 2019 y 2020.

A quiénes se afectó?

Al no solventar pagos y mal utilizar los recursos del Programa de Expansión Educativa Inicial (PEEI), el “Clan Coahuila” afectó a niños de zonas marginadas que no tienen acceso a la educación en Nuevo León.

Y es que el PEEI es una herramienta de la Secretaría de Educación para garantizar la educación a menores que viven en zonas marginadas y donde no hay educación inicial como preescolar.

“El PEEI pretende ampliar la cobertura del servicio educativo para llegar a la población infantil que no ha sido atendida y que vive en comunidades de alta marginación y rezago social para garantizar su derecho a la educación desde los primeros años.

“Objetivo General: ampliar la cobertura de los servicios de educación inicial a través de modalidades escolarizadas y no escolarizadas”, indican las bases del Programa de Expansión Educativa Inicial.

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