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Nuevo León

Exprocuradora, ligada a despojo de propiedad

La exprocuradora de Nuevo León, la notaria 24 Álida Bonifaz Sánchez, fue demandada por haber dado fe de una escritura pública que se sustentó en una carta poder falsa para despojar un terreno valuado en millones de pesos en la colonia del Valle, en San Pedro

Los dos hermanos que se acreditan como propietarios legítimos del predio promovieron un juicio civil contra la extitular panista de la Procuraduría del Estado, otro fedatario de Santiago y un grupo de particulares que presuntamente participaron en la operación fraudulenta.

Los afectados, representados por el abogado Roberto Carlos Peña, señalan en su escrito de demanda que adquirieron el predio el 11 de mayo de 1983, en una operación de compraventa formalizada en la escritura pública número 2,381.

Alteran documentos


Antes de la disputa jurídica los dueños habían edificado en el predio de 400 metros cuadrados una casa, ubicada en el número 6434 de la calle Río Tamuín, que según la Tesorería de San Pedro tenía hasta 2011 un valor catastral de $3 millones 563,315 pesos.

Sin embargo ese mismo año se enteraron que un grupo de trabajadores modificaban el inmueble sin su consentimiento por órdenes de Arturo González Villarreal, quien se presentaba como comprador de la propiedad.

"Resulta totalmente falso, pues no hemos vendido ni mi hermano ni yo el lote", se lee en la demanda.

El imputado aseguraba que había adquirido el predio del ciudadano Víctor Reyna Martínez, quien usó una carta poder falsa, mediante la escritura de compraventa número 15,652, elaborada por la exprocuradora de Nuevo León el 25 de noviembre de 2010.

Aparecen irregularidades

El acto que avaló la fedataria fue posible gracias a la carta poder que utilizó el supuesto vendedor para ostentarse como representante legal de estos dos hermanos.

En la querella presentada por estos se lee que la carta poder apócrifa fue ratificada el 6 de diciembre de 1990 ante el notario público 91 en Santiago, el extinto Guillermo González Garza, quien antes de fallecer confirmó que el documento es "falso" y "apócrifo".

Esto lo señaló en un escrito que recibió la Dirección del Archivo General de Notarías del Estado el 24 de junio de 2011, en el que aseguró que la firma aparecida en el documento no correspondía con la suya.

El fedatario indicó que el supuesto poder estaba fechado el 9 de diciembre de 1990, pero aparecía como ratificado tres días antes, además de que su contenido no coincidía con lo consignado en su libro de control de actas fuera de protocolo.

Agregó que la rúbrica de los testigos es falsa, ya que se mencionan empleados externos de la notaría. Tampoco recordó que los hermanos hubieran acudido con él.

"Jamás otorgamos dicha carta poder, ni mucho menos ratificamos nuestras firmas ante la fe de este notario público", añadieron los agraviados en su escrito.

Los dos fedatarios involucrados en la operación y los particulares que supuestamente realizaron la compraventa fueron demandados dentro del juicio ordinario civil 1147/2011, que reclama la nulidad de los documentos y todos los actos que derivaron de estos.

A pesar de las pruebas presentadas, el pasado 30 de junio el Juzgado Primero de lo Civil absolvió a los codemandados en su sentencia definitiva, pero los hermanos intentarán combatirla mediante una apelación que presentaron el pasado 29 de julio, aún pendiente de resolverse.
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