Fiscalía rastrea cuentas bancarias de Errisúriz

La exsecretaria de Educación del estado, María de los Ángeles Errisúriz, y a su equipo de colaboradores, están bajo la lupa de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), la cual ya rastrea sus cuentas bancarias y movimientos, ante los desfalcos denunciados en el área educativa.

Específicamente, la FGJNL ya investiga a este grupo de exfuncionarios por el desfalco de $400 millones de pesos que se pagaron por 400 aulas móviles que resultaron “fantasmas”.

Por medio de un oficio fechado el pasado lunes 23 de mayo, del que El Horizonte tiene copia, la instancia judicial le pide a la Secretaría de Educación (SE), encabezada por Sofialeticia Morales, que le informe el estatus laboral y las cuentas bancarias en las que recibían depósitos de la institución Errisúriz y otros seis exfuncionarios de primer nivel, mismos que dependían del llamado “Clan Coahuila”.

“De ya no laborar para la institución que representa, solicito se sirva informar la fecha de separación del cargo, el motivo, el finiquito y demás primas atendiendo a sus derechos laborales, que hayan recibido.

“Las cuentas bancarias en las cuales hayan sido depositadas, así como la cuenta en la cual se le realizó el respectivo depósito del pago de su salario de manera quincenal o mensual, según sea el caso”, dicta el oficio enviado a Morales Garza.

Además de Errisúriz, la Fiscalía solicitó a Morales información de Alejandro Gabriel González Martínez, quien se desempeñaba como subsecretario de Planeación y Finanzas; Francisco Javier Hermosillo Díaz, quien era director General de Administración y Finanzas; Antonio Huitrón Rivera, director General de Planeación y Coordinación Educativa.

Así como de Ángel Guadalupe López Iracheta, director de Recursos Materiales y Servicios; Fabián Pino Pérez, director General y Coordinador Operativo de Planeación y Coordinación Educativa; y Juan Enrique González Pérez, titular del staff jurídico de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la SE.

“Por medio del presente, dentro de la carpeta de investigación citada al rubro, y en atención de las labores de investigación con las que cuenta esta representación social, solicito a usted, de no haber inconveniente legal alguno informe si estos ciudadanos se encuentran actualmente laborando en la institución, de ser así se sirva señalar los puestos que ocupan, la antigüedad de los mismos, así como los previos a este, de igual manera”, indica la indagatoria.

Hay información extraoficial que por lo menos Pino Pérez y González Pérez siguen laborando en la dependencia.

- El origen de la denuncia

Esta indagatoria contra Errisúriz y los funcionarios que dependían del “Clan Coahuila” es a raíz de una denuncia penal que interpuso la misma Secretaría de Educación el 1 de abril del 2022, por la adjudicación directa y pago de $400 millones de pesos a la empresa Desarrolladora M, la cual obtuvo el contrato para proveer 400 aulas prefabricadas, que según la querella penal, “no existen”.

Además, en dicha denuncia, de la que El Horizonte también tiene copia, la Unidad de Integración Educativa, a cargo de Benito Juárez Reyes, solicita acción penal contra quien resulte responsable de haber cometido algún delito.

Como responsables de que se haya hecho el pago y que no se hayan percatado de la entrega de las aulas, la denuncia menciona a Errisúriz y seis funcionarios de la SE.

También, señala que el apoderado legal de Desarrollos M, empresa beneficiada, es Héctor Miguel Ángel Morales Kerlegand y como accionistas a Ricardo Martínez del Campo y Joaquín Martínez del Campo, estos dos últimos con domicilio en la Ciudad de México.

- Y lo que falta en otros casos

Aún están pendientes de investigarse los involucrados en el pago de casi $50 millones de pesos por un servicio de digitalización de documentos que nunca se llevó a cabo a la empresa Alianzer Consulting, hecho por el que ya se presentó una denuncia el pasado 1 de abril.

Este caso fue publicado por El Horizonte el 6 de abril, caso en el que también se mencionó la presunta participación del exdirector de Recursos Materiales y Servicios, Ángel Guadalupe Iracheta, y al exdirector de Informática, Walter Alejandro Araujo.

Otro más es el contrato que esta edición dio a conocer el pasado 12 de mayo, donde la administración pasada le otorgó a la compañía INF MKT SA de CV por un monto de $165 millones de pesos para el equipamiento de escuelas primarias del estado, con todo lo necesario para las clases en línea, que de acuerdo a auditorías, nunca se entregó.

A quienes les rastrean sus cuentas:

• María de los Ángeles Errisúriz, exsecretaria de Educación

• Alejandro Gabriel González Martínez, exsubsecretario de Planeación y Finanzas

• Francisco Javier Hermosillo Díaz, exdirector General de Administración y Finanzas

• Antonio Huitrón Rivera, director General de Planeación y Coordinación Educativa

• Ángel Guadalupe López Iracheta, exdirector de Recursos Materiales y Servicios

• Fabián Pino Pérez, exdirector General y Coordinador Operativo de Planeación y Coordinación Educativa

• Juan Enrique González Pérez, extitular del staf jurídico de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la SE

Empresa Desarrolladora M

• Apoderado legal: Héctor Miguel Ángel Morales Kerlegand

• Accionistas: Ricardo Martínez del Campo y Joaquín Martínez del Campo

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