En México no pasa nada por caso Odebrecht

Mientras que en otros países servidores públicos y hasta presidentes están siendo enjuiciados por los casos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, en México no pasa nada.

Con el suicidio de Alan García, expresidente peruano (1985-90, 2006-2011), la tormenta política en toda Latinoamérica crece, sin embargo, en el país sólo ha quedado en multas.

En México la investigación inició con el conocimiento de $10.5 millones de dólares en sobornos a diversos funcionarios, aunque la indagación se centró en 17 empleados de Pemex cuyos nombres no fueron revelados; sí hubo una investigación periodística del medio Quinto Elemento Lab donde se expuso a Emilio Lozoya (exdirector de la empresa petrolera del gobierno) como uno de los principales implicados.

Más allá de algunas multas y sanciones económicas impuestas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a dos filiales de Odebrecht en México, así como a dos representantes legales de la constructora brasileña, ninguna persona ha pisado la cárcel en México por este caso.

El 17 de agosto del 2017, la PGR (hoy Fiscalía General de la República) tomó declaración a Emilio Lozoya en calidad de imputado por el caso de sobornos.

Después, en octubre de ese mismo año, antes de renunciar como procurador general, Raúl Cervantes anunció que la investigación había concluido.

El Congreso bloqueó una rama de la investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con respecto a irregularidades detectadas en unos contratos entre Pemex y una filial de Odebrecht por $135 millones de dólares.

En 2014 la empresa brasileña tenía contratos asegurados en el país para dos refinerías y un gasoducto, por un monto de $1,500 millones de dólares.

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