México, el país más violento para el periodismo

Los periodistas y defensores de derechos humanos no han podido escapar de la crisis en materia de derechos humanos que enfrenta México, donde hay una impunidad de más de 90% en los casos de asesinatos, anunció el jueves el gobierno.

Así lo reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, al presentar durante la conferencia presidencial matutina un balance en materia de derechos humanos de los primeros tres años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo a registros oficiales en los tres años de mandato de López Obrador han sido asesinados 96 defensoras de derechos humanos y 47 periodistas.

Al referirse a los casos de ataques a activistas y comunicadores sociales, el subsecretario de Derechos Humanos admitió que 45% de los casos de agresiones provenían fundamentalmente de autoridades municipales.

Para hacer frente a la situación, Encinas dijo que el gobierno está trabajando en una revisión de legislación para garantizar un sistema nacional de protección.

Desde el 2012 se activó en México un mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que ha resultado insuficiente para atenderlos.

Hasta octubre había 495 periodistas y 1.011 defensores de derechos incorporados al mecanismo, de los cuales 9 han sido asesinados en los últimos tres años a pesar de contar con protección del gobierno.

México es el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental de protección a la prensa con sede en Nueva York.

Según sus datos hasta diciembre había nueve periodistas asesinados, de ellos tres fueron por represalias por su labor informativa, aunque aún se investigan otros casos para determinar el motivo.

El subsecretario de Derechos Humanos informó que, a más de un año de haber entrado en vigencia la ley de amnistía se han recibido 1.798 solicitudes, se han liberado 44 personas, y se han rechazado 900 procesos.

Con información de AP.

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