Va Federación contra ex fiscal por caso Ayotzinapa

Fuentes judiciales dieron a conocer que un juez federal ordenó la detención de los ex titulares de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero y del ex funcionario encargado de la Secretaría de Seguridad de la misma entidad, esto por los presuntos delitos de delincuencia organizada relacionadas al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Junto a estos dos ex funcionarios, Iñaki Blanco Cabrera de la PGJ, y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, ex secretario de Seguridad, también se lanzó una orden de aprehensión contra Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, bajo los presuntos delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada.

Cabe aclarar que estas ordenes de detención forman parte de las 83 que se han girado contra ex funcionarios relacionados al caso Ayotzinapa, mismos quienes supuestamente cometieron irregularidades en las indagaciones; dichas ordenes fueron a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y contra la administración de justicia.

De acuerdo con las fuentes judiciales, las investigaciones realizadas sugieren que Blanco Cabrera recibía alrededor de 50 mil pesos al mes por parte de un grupo criminal, mientras que las indagaciones señalan que Galeana Marín perdió u ocultó videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia durante los hechos registrados el 26 de septiembre del 2014.

Del mismo modo, se liberaron órdenes de detención contra el ingeniero de computo y programador analista del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, esto por los videos ocultados; igualmente se lanzaron ordenes de aprehensión contra el exjefe de la policía de Cocula, César Nava González, y el ex subdirector de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares.

Cabe aclarar que por su parte el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció que defenderá el principio de máxima publicidad para que el Poder Judicial permita dar a conocer los nombres de los 46 ex servidores públicos, militares y civiles a los que se les giraron las órdenes de aprehensión.

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