Opinión

Libertad de expresión y Acceso a la Información

Libertad de expresión y Acceso a la Información Chilling Effect

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado con relación a un precedente que bien puede ser considerado como histórico con relación a la libertad de expresión y el acceso a la información a través de la Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 492/2014.

Los antecedentes del asunto son relacionados a un periodista con motivo de la entrada en vigor del artículo 398 bis del Código Penal para el estado de Chiapas, acudió a promover juicio de amparo indirecto en contra de dicha norma, ya que consideró que con su sola entrada en vigor se veían restringidos sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y acceso a la información.

El numeral 398 bis del Código Penal de Chiapas establecía una pena de prisión de 2 a 15 años a aquellas personas que obtengan y proporcione información confidencial o reservada de los cuerpos de seguridad pública o de las fuerzas armadas con el propósito de evitar que el sujeto o los sujetos activos del delito sean detenidos o para que puedan concretar una actividad delictiva en agravio de un tercero.

La demanda de amparo fue turnada al Juzgado Primero de Distrito de Chiapas quien la radico bajo el número 879/2013, la cual previos trámites de ley se resolvió decretándose el sobreseimiento de la misma, dado que se consideró en esencia que dicho artículo no afectaba con su sola entrada en vigor la esfera del periodista, o dicho de manera técnica que no es una ley autoaplicativa, sino que se requería un acto de aplicación concreto de dicho artículo en contra del periodista para que este a su vez pudiera impugnar su constitucionalidad, esto es que era una ley heteroaplicativa.

En contra de dicha determinación el periodista presentó recurso de revisión y además solicitó de la Suprema Corte a través del procedimiento correspondiente la reasunción de competencia, por lo cual nuestro máximo tribunal atrajo el asunto y lo radico bajo el número de amparo en revisión 492/2014, en donde después del estudio correspondiente determinó conceder el amparo y protección al periodista.

El planteamiento a resolver se podía resumir en que si el artículo 398 bis del Código Penal de Chiapas afectaba la libertad de expresión y acceso a la información sin que existiera un acto de aplicación, es decir con su sola entraba en vigor.
En la resolución la la Primera Sala estableció que, la labor realizada por los profesionales de la información (periodistas) consiste, precisamente, en buscar y difundir información de interés público. 

Derivado de ello, señala la Corte que la existencia de una norma que penalice desde el inicio (ab initio) la búsqueda de información puede constituir un efecto amedrentador (chilling effect) en la labor de los periodistas.

En ese sentido señaló la Sala que, al margen de que no se compruebe la responsabilidad penal del periodista, el simple hecho de poder ser sometido a un proceso penal puede claramente disuadirlo de cumplir con su labor profesional de informar, ante la amenaza real de ser sometido y castigado por el derecho penal.

En ese sentido la Primera Sala estableció que existe una afectación por el simple hecho de someter a un periodista a un proceso penal como consecuencia del ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión y del acceso a la información, siendo ello un uso desproporcionado del derecho penal.

En consecuencia podemos concluir que, las normas penales no pueden restringir el goce del núcleo esencial del derecho de acceso a la información, ni criminalizar la discusión pública de un fragmento de la actividad del poder público que, idealmente, se debería ubicar en el centro de la evaluación de la sociedad, como lo es lo relativo a la seguridad pública, y que no se limita a restringir aspectos incidentales o periféricos al discurso.

Sin duda alguna este precedente es muy relevante dado que por un lado se destruye el mito de que las normas penales son netamente heteroaplicativas, es decir necesitan un acto de aplicación de las autoridades, así mismo se ve robustecida esa protección al derecho de libertad de expresión y acceso a la justicia.

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