¿Cuál es el método usado en tierras regiomontanas para volver la corrupción un pleito de políticos?

Una denuncia de este medio por un contrato público irregular se desvía en una simple pugna de dos aspirantes a la gubernatura. ¿Y el delito? 

Un libro reciente — el de Julio Scherer Ibarra — donde se resucita una vieja controversia por la posible compra de un regiomontano de AHMSA, en Monclova, Coahuila, se convierte en una vendetta de rivales internos del gabinete del sexenio pasado. ¿Y el delito? 

Una exhibición de mala gestión por parte de la alcaldesa de un municipio nuevoleonés, que no puede gobernar ni controlar, se disfraza, por parte de la denunciada, en una supuesta conspiración mediática en su contra. ¿Y el delito? 

Esta forma de sepultar los delitos con paladas de distracciones y grillas políticas se explica desde el concepto de “politización del escándalo”, parte de la teoría del framing en la ciencia política. 

¿Qué es el framing? Enmarcar, a conveniencia del acusado, un hecho con implicaciones delictivas para disfrazarlo de argucias políticas o intrigas de sus enemigos. 

Los actores involucrados enmarcan una situación adversa a su conveniencia. 

En vez de darle relevancia al hecho ilegal en sí —una compra irregular, un contrato público oscuro, un daño al patrimonio público— lo encuadran como parte de una batalla de poder, haciendo que el impacto político sea el único foco de atención pública. 

Así, la corrupción, el desvío de fondos públicos, la complicidad encubierta de políticos para saquear el erario quedan relegados a un segundo plano. 

En vez de eso, se construyen actualmente narrativas barrocas, donde el foco puede cambiar según los intereses de los actores involucrados. 

¿Es válido? No. Si se quiere depurar la política regiomontana y volverla un oficio digno, es lo peor que puede hacerse. 

En Nuevo León la corrupción se ha transmutado incluso hasta en la iniciativa privada. Muchos desarrolladores no reconocen que levantaron mal sus complejos habitacionales o que omitieron trámites para levantar un edificio, culpando mejor a la clase política de sus propias omisiones. 

A lo anterior también se le conoce en la ciencia política como “escándalos públicamente orientados”. 

A Monterrey vino, en los años noventa, el principal teórico del framing (la teoría del enmarcamiento). 

Se trata de Robert M. Entman —profesor de comunicación política en la Universidad George Washington— quien, en su artículo seminal de 1993, “Framing: hacia la clarificación de un paradigma fracturado”, dejó el andamiaje de este concepto, no fácil de entender. 

Según Entman, el framing es el proceso mediante el cual los actores —políticos, medios, analistas— seleccionan caprichosamente ciertos aspectos de la realidad para ocultar otros. 

¿Funciona en Nuevo León? Sí. 

Cuando tenemos un escándalo flagrante de corrupción, se debería poner el ojo en el acto ilegal, en las pruebas, en las consecuencias penales y en la corrupción como problema ético. 

Pero en Monterrey se utiliza más bien el framing como conflicto o batalla de poder.

Lo convierten en pugna partidista: “esto es un ataque de la oposición”, “es lawfare”, “es persecución política”, etcétera.

Al elegir este segundo encuadre, los actores de Nuevo León logran exactamente lo que pretenden: la corrupción queda relegada a segundo plano y las implicaciones políticas —quién gana o pierde poder, cómo afectan las elecciones próximas, etcétera— pasan a primer plano. 

Cuando ves un escándalo de corrupción convertido en “guerra entre partidos” o en “persecución política”, no estás ante un fallo aislado: estás viendo la teoría del framing aplicada estratégicamente en un sistema político polarizado. 

La corrupción pasa a segundo plano porque el frame elegido así lo dicta. Y eso, exactamente, es lo que los actores involucrados pretenden lograr en Monterrey.