Diputados intolerantes

A los políticos no les gusta que les señalen sus errores y deficiencias. En lugar de preocuparse por mejorar su desempeño, con profesionalismo, transparencia y rendición de cuentas, deciden seguir igual, para evitar la crítica, modifican la legislación para censurar a quienes se atrevan a evidenciarlos, como es el caso de dos iniciativas que presentaron los diputados locales del PAN, veámoslo a continuación.

Como antes el PRI y el PAN eran los únicos que ostentaban el poder, sus jefes se ponían de acuerdo en lo oscurito, aunque en público los legisladores simulaban pleitos encendidos, en realidad era un juego de mentiras, al final todos quedaban satisfechos con las negociaciones. Ahora que se ha incrementado la participación de otros partidos, los políticos de siempre temen perder el control y que los nuevos participantes saquen a la luz todas sus tropelías. Por lo tanto, ¡quieren imponerles un bozal!

El 22 de noviembre del año pasado, el grupo legislativo del PAN presentó dos iniciativas con la finalidad de impedir a los nuevos actores políticos evidenciar sus excesos y faltas cometidas; para lograr esto, pretenden imponer una pena de hasta 12 años de prisión al gobernador del estado o a los presidentes municipales que tengan la osadía de criticar a otro servidor público por medio de:

1. Comunicados oficiales.

2. Declaraciones en ruedas de prensa.

3. Publicaciones en redes sociales.

Con estos procedimientos, los políticos demuestran estar muy ocupados por mantener su impunidad y privilegios; están haciendo hasta lo imposible para que los ciudadanos no se enteren de sus acciones, obligando a sus homólogos a no criticarlos por ningún medio, con la amenaza de imponerles toda la fuerza de la Fiscalía General del Estado, por cierto, la controlan.

En la exposición de motivos mencionan que el gobernador ha difamado de manera notoria a los servidores públicos que no forman parte de su partido, acusando y declarando falsamente a distintos diputados de la oposición. Por otra parte, Jesús Ángel Nava Rivera, alcalde de Santa Catarina, en su pasado informe, además de destacar las acciones de su administración, denunció presuntos actos de corrupción de las pasadas tres administraciones; para que esta acción no se convierta en práctica generalizada, la segunda iniciativa panista consiste en sancionar estas declaraciones por considerar utilización indebida de recursos públicos, aprovechando el espacio de un informe de gobierno, en pocas palabras, quieren silenciar a los ediles y gobernadores. ¿Cómo es posible? Se supone que el informe es para dar cuenta del estado en que se encuentra la administración y si acaso un edil considera que hubo malos manejos en gobiernos anteriores ¿debe callarse y ocultar las cuentas mochas? ¡Quieren informes color de rosa!

Estos diputados, como una muestra de sumisión a sus dos caciques, reconocen como suyos una exposición de motivos cínica, que dice entre otras cosas: “…no llevar a cabo el informe anual de gestión gubernamental… como un acto estrictamente de rendición de cuentas, se incurre en un ilícito”; si esto no fuera suficiente, en otro párrafo afirman:“con esta reforma se busca respetar el derecho a la libertad de expresión”. Con tal de seguir manteniendo sus privilegios y canonjías estos legisladores son capaces de llegar hasta la ignominia.

Hay que decirlo con todas sus letras: desde el Poder Legislativo se está poniendo en peligro la libertad de expresión con las iniciativas referidas, son formas de censura e intolerancia. Dichas propuestas contradicen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza el derecho a la libertad expresión en su artículo 6.º, en forma general y en el 7.º que establece la libertad de escribir y publicar obras sobre cualquier materia. Lo que están fraguando los diputados panistas es imponer una mordaza legal para que los servidores públicos adscritos a los nuevos partidos queden impedidos para señalar los presuntos malos manejos de los pertenecientes al PRIAN.

Un gobierno humanista denunciaría públicamente ante las instancias nacionales como internacionales este atentado contra la libertad de expresión, pero como este gobierno está bajo el signo del Instagram no se ha dado cuenta del daño perpetrado por los legisladores.

En conclusión, Nuevo León requiere una clase política cuya única responsabilidad sea con la gente.