Doble rasero

Coahuila apoyó las marchas en defensa del Instituto Nacional Electoral bajo la consigna: “El INE no se toca”. Las movilizaciones ciudadanas surtieron efecto, pues forzaron a las bancadas del PRI, PAN y PRD a votar contra la reforma original del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya aprobación requería mayoría calificada. En respuesta, los diputados de Morena y de los partidos Verde y del Trabajo aprobaron el Plan B, pues los cambios a las leyes secundarias no necesitan el voto de las dos terceras partes del pleno. La presión se dirigió después hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual anuló este lunes una parte del plan secundario. AMLO ha perdido varias batallas en el máximo tribunal constitucional.

Paradójicamente, al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se le mide con distinto rasero. El debate entre Manolo Jiménez, Armando Guadiana, Ricardo Mejía y Evaristo Lenin Pérez, en Torreón, ha sido por mucho el mejor de los organizados por una institución históricamente alineada al PRI y al gobierno, de lo cual deriva su falta de credibilidad. La excepción fue el Consejo Estatal Electoral (CEE), responsable de las elecciones de 1996. Sin un árbitro parcial y a su servicio, el dinosaurio sufrió su peor derrota en ese proceso: perdió las principales alcaldías y el control del Congreso local. El “error” se corrigió con la designación de Homero Ramos Gloria como presidente del CEE.

Humberto Moreira premió los servicios de Ramos con la Secretaría de Gobierno, pero después lo degradó para enfriar sus ambiciones futuristas. Rubén Moreira rescató a Ramos y lo convirtió en fiscal general del estado con una tarea específica: tapar la megadeuda y el desvío de casi $1,000 millones de pesos a empresas fantasma. Ahora es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado donde el moreirato acaba de colocar a uno de sus júniores, sin carrera judicial, para convertirlo después en presidente. El IEC siguió en la órbita del poder durante la gestión de Gabriela de León, cuyo servilismo en las elecciones de gobernador de 2017 fue su estigma. Bajo su presidencia los debates resultaron inútiles. La intrusión de los gobernadores en los institutos provocó la reforma de 2014 que transfirió al INE la elección de los consejeros de los organismos locales. En la práctica, empero, las cosas siguieron igual. De León se embolsó $1.1 millones de pesos del erario como bono de retiro, sin que nadie chistara.

El plan para mantener subordinado al IEC podría frustrarse con la llegada de Rodrigo Paredes a la presidencia de la institución, pero aún es temprano para evaluar su autonomía. Una señal positiva la dio el formato de la polémica en Torreón. También fue acertada la elección de los moderadores (Sandra Romandía y Javier Solórzano, superiores a Alejandro Cacho e Ivonne Melgar), quienes, en algunos momentos, pusieron en aprietos a los aspirantes. Sin embargo, con el IEC ocurrió lo contrario que con el INE. En vez de reconocimiento por dar muestras de independencia y propiciar un debate auténtico donde los candidatos pudieran expresarse sin tapujos, cruzar acusaciones y presentar propuestas, el establishment se escandalizó y desató una campaña contra la autoridad electoral.

“Las descalificaciones no nos interesan”, vociferó uno de los representantes del sector privado, aliado y promotor, con la Coparmex a la cabeza, de la coalición PRI-PAN-PRD. Hablar de corrupción, impunidad, tráfico de influencias, complicidad entre autoridades y delincuentes y mostrar estadísticas sobre la epidemia de suicidios, delitos patrimoniales, adicciones..., incomoda, no descalifica. También exhibe a los organismos cuya respuesta al moreirazo, la venalidad y otras barbaridades del docenio trágico ha sido el silencio. El IEC no debe ceder ni dejarse intimidar por el poder político y económico ni por sus adláteres.