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Asesoría Legal

Alimentos y prohibición de abandonar el país

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Alimentos y prohibición de abandonar el país

El derecho a recibir alimentos en general es la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir,  básicamente comprende la habitación, alimentación, vestido, satisfacción de las necesidades de salud, la educación, gastos hospitalarios, etc.

Una de las premisas fundamentales de los alimentos hacia los menores de edad, es básicamente que los niños, las niñas y los adolescentes tienen el derecho fundamental a recibir alimentos, los cuales se presumen indispensables para garantizar su desarrollo integral, lo cual intensifica la obligación del Estado en el control necesario para que dicha institución (alimentos) cumpla su cometido.

Dicho lo anterior es importante destacar un asunto recientemente resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se abordó un tópico interesante que tiene que ver con la medida cautelar que le impusieron a un padre de familia consistente en la prohibición de abandonar el país, hasta en tanto cumpliera con sus obligaciones de suministrar alimentos.

Como contexto, en un juicio de alimentos el juzgador familiar le impuso al deudor alimentista una medida cautelar consistente en la prohibición de abandonar el país, ello con fundamento en lo establecido en el artículo 48, fracción VI, de la Ley de Migración; inconforme con ello, el padre de familia promovió juicio de amparo reclamando dicha medida cautelar, así como la inconstitucionalidad del artículo de la Ley de Migración, al considerar que restringía su derecho al libre tránsito.

El juicio de amparo se llevo a cabo y se dictó una sentencia en la que concedían la protección constitucional por lo que hace a la medida cautelar al estimarse que no estaba debidamente fundada y motivada la resolución en donde se impuso esta; y negaban el amparo por lo que respecta al artículo 48, fracción VI, de la Ley de Migración, ante ello el quejoso presentó un amparo en revisión y el tribunal colegiado de circuito que le tocó conocer de dicho medio de defensa solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción, 

admitiéndose y turnándose el expediente a la Primera Sala, que lo radicó bajo el número de amparo en revisión 24/2021.

Al resolverse el asunto se estableció por parte de nuestro máximo tribunal constitucional que no es inconstitucional el numeral 48 fracción VI de la Ley de Migración, en atención a que la restricción de salida del país para deudores alimentarios cumple con los siguientes requisitos de: a) legalidad, al estar prevista en la Ley de Migración y es un punto acorde al parámetro de constitucionalidad; b) finalidad, ya que está enfocada en hacer cumplir la pensión alimenticia, mediante la restricción en comento hasta en tanto se cubra el adeudo, lo que resulta una finalidad constitucionalmente válida; c) idoneidad, siendo que la referida medida funge, por un lado, como una limitación e incentivo para el cumplimiento de la pensión alimentaria; d) necesidad, ya que se reconoce que para dar cumplimento al pago de alimentos, pueden existir diversas modalidades para garantizarla, pero no necesariamente son medidas de carácter inmediato que garanticen de manera expedita la liquidación de la pensión adeudada, sino requiere de un procedimiento que puede demorar dependiendo de las necesidades básicas del acreedor alimentario, por lo que tales medidas no son excluyentes entre sí, sino en su caso, pueden ser medidas complementarias para hacer cumplir una obligación esencial como es la pensión alimenticia a menores de edad; e) proporcionalidad frente a los alimentos del menor de edad, pues se estima que la medida impugnada es razonable para restringir temporalmente el derecho de libertad de tránsito, pero en su dimensión exclusiva de salir del país.

De igual forma se estableció en el precedente que los alimentos, como garantía de un nivel de vida adecuado, tienen una triple dimensión, ya que constituyen: i) un derecho para los niños, niñas y adolescentes menores de edad; ii) una responsabilidad prioritaria y obligación para sus progenitores; y, iii) un deber a garantizar su cumplimiento por parte del Estado.

Con esta resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue emitiendo fallos que son congruentes y que permiten hacer efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes a que se le suministren los alimentos que ellos necesitan para desarrollarse integralmente.

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