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Asesoría Legal

Análisis en amparo directo de etapas previas al juicio

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Análisis en amparo directo de etapas previas al juicio oral penal

El sistema de justicia penal que actualmente prevalece en nuestro país es un sistema acusatorio y oral, dicho sistema no es nuevo, ya que fue incorporado a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2008 y tuvo su consolidación al expedirse el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado el pasado 2014.

En este sistema de juzgamiento penal existen diversas etapas que van desde la de investigación desformalizada, la etapa inicial (judicialización de la investigación), la etapa intermedia y la etapa de juicio oral penal, en donde se dicta la sentencia definitiva. Una vez que la sentencia definitiva causa estado, previa la apelación y amparo directo en su caso, inicia la etapa de ejecución si se hubiera dictado una sentencia de condena.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018 estableció por jurisprudencia obligatoria para todos los órganos judiciales que las violaciones a los derechos humanos cometidas en un procedimiento penal acusatorio no son susceptibles de analizarse en amparo directo cuando ocurren en etapas previas al juicio oral. 

Lo anterior significa que si se cometió una violación a un derecho fundamental, ya sea de la víctima o del imputado en la etapa de investigación desformalizada, inicial o intermedia, dicha violación no puede ser objeto de análisis por el Tribunal Colegiado, ello por dos motivos sustanciales: 1) para darle validez al principio de continuidad previsto por el numeral 20 constitucional, el cual señala que el procedimiento debe desarrollarse de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior; y 2) porque el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones.

Lo anterior ha traído desgraciadamente múltiples resoluciones lamentables, en las cuales, aplicando dicho criterio, las partes en la gran mayoría de las situaciones se ven imposibilitadas para combatir las violaciones a sus derechos cometidas en etapas previas al juicio oral, como por ejemplo, cuando en etapa intermedia se admite una prueba a todas luces inconstitucional o ilícita y dicha prueba se desahoga en juicio y genera su impacto, ya no se puede combatir su admisión indebida en el amparo directo, porque dicha admisión ocurrió en una etapa previa.

Ahora bien, en una nueva reflexión la Primera Sala recientemente estableció como precedente obligatorio al resolver el amparo directo en revisión 7955/2019 que si una violación procesal se origina en una etapa previa a la audiencia de juicio oral, pero sus efectos perduran por haber producido pruebas que se consideran ilícitas (y esa ilicitud sólo ha podido ser argumentada a la luz del material probatorio sometido al escrutinio recíproco de las partes, propio de la audiencia de juicio oral), entonces es perfectamente posible examinarla en esta etapa y, consecuentemente, también en el juicio de amparo directo.

La justificación adoptada por nuestra Suprema Corte parte de la base de que era necesario aclarar los límites de la doctrina sobre cierre de etapas procesales, ello a la luz de que en la práctica existen violaciones a derechos humanos, ocurridas en etapas previas a la de juicio oral penal que impactan de manera continua ya sea a la víctima o al acusado, de ahí que exista la posibilidad de plantear dicha violación en esa etapa y pueda ser motivo de análisis por el propio Tribunal de Enjuiciamiento o inclusive por el Tribunal Colegiado que en su momento llegare a conocer del amparo directo que se llegue a promover, ello considerando también que si algo caracteriza al sistema acusatorio es precisamente esta oportunidad única de contienda abierta, de exposición argumentativa, de crítica recíproca, siempre expuesta a la luz pública.

Lo anterior sin duda genera un gran alivio a la comunidad jurídica y brinda certeza a todas aquellas personas que son víctimas o acusados en el procedimiento penal que sufren violaciones a sus derechos humanos en etapas previas al juicio oral y que veían en ese cierre de etapas consumada dicha violación sin tener la posibilidad de que fueran analizadas dichas violaciones en el propio juicio oral penal, en la apelación o en el amparo directo.

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