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Asesoría Legal

Derechos de las niñas y niños de ser escuchados

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Derechos de las niñas, niños y adolescentes de ser escuchados directamente

Como es bien conocido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que escuchar y atender a la opinión de los niños, niñas y adolescentes en los procesos jurisdiccionales que les conciernen, por una parte, entraña para ellos el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia y, por otra, es un elemento relevante para la decisión que deba adoptar el juz-gador en torno a sus derechos.

En ese sentido, es importante dejar claro que este derecho de niños, niñas y adolescentes que estén involucrado en un proceso judicial debe ser respeta-do por el juzgador.

Sin embargo, la interrogante surge cuando el menor de edad fue atendido por un experto o grupo de expertos, como lo pueden ser psicólogos, nombrados inclusive por el mismo juzgador, quienes emiten un informe con relación al sentir de los menores; en ese contexto, ¿fue realmente respetado el derecho de la niña, niño o adolescente a ser escuchado en el procedimiento judicial de su interés?

La respuesta nos la brinda la sentencia del amparo directo en revisión 3994/2021 emitida por la señalada Primera Sala de la Suprema Corte de Jus-ticia de la Nación, en la cual se estableció que el derecho de las niñas, niños y adolescentes a participar en los procedimientos judiciales que afecten sus intereses debe realizarse de forma directa ante el juez y no así de manera in-directa.

El asunto resuelto por nuestro máximo tribunal constitucional tiene su origen en el hecho de que un padre de familia presentó una demanda ante los tri-bunales del estado de Hidalgo, en la cual se demandó el pago de una pen-sión alimenticia, así como la guardia y custodia de la niña en su favor. Una vez notificada la demanda, la madre la contestó y propuso una contrademan-da en contra del padre, de quien le reclamó una pensión alimenticia, así co-mo un régimen de convivencia entre la menor y la madre, entre otras cosas.

Seguidos los trámites legales correspondientes, el juez dictó sentencia en la cual estimó que el padre de familia no probó los hechos relativos a su de-manda; de igual forma se estableció que la madre sí demostró los hechos expuestos en su contrademanda, por lo cual se le concedió a ella la guarda y custodia de la infante y se fijó una pensión alimenticia en favor de la menor.

Inconforme con la sentencia, el padre interpuso un recurso de apelación, el cual fue admitido a trámite y resuelto por la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, la cual previos los trámi-tes de ley resolvió confirmar la sentencia de primer grado. En desacuerdo con dicha determinación el padre presentó amparo directo, el cual fue conocido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito determinándose la negativa de la protección de la justicia federal, ante lo cual fue presentado el recurso de revisión el cual fuera conocido por la Primera Sala.

En el presente obligatorio se decretó que el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados en los procedimientos judiciales que afecten su esfera jurídica, consagrado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, no puede estimarse satisfecho de manera indirecta, espe-cíficamente a través de un informe rendido por el profesional en psicología que supervisó las convivencias con alguno de los progenitores, sino que debe ejercerse en forma directa ante el juzgador, pero adoptando los ajustes ne-cesarios y acordes a la edad y madurez de la persona.

En ese sentido se establece en la sentencia que para satisfacer el derecho de los niños, niñas y adolescentes en ser escuchados en los procesos judiciales en los que formen parte, deben atenderse los lineamientos establecidos en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, conforme al cual los menores de edad deben ser informados sobre su participación, ex-ternar su voluntad de hacerlo, encontrarse asistidos por un especialista en temas de infancia, así como por un representante que no constituya un con-flicto de intereses, e incluso por una persona de su confianza, desarrollándo-se su intervención en una plática a manera de entrevista, la cual debe ser re-gistrada por cualquier medio, con el objeto de evitar la revictimización.

Sin duda este precedente genera certeza jurídica en favor de todas aquellas personas que estan sometidas en un proceso judicial en el cual se ven invo-lucrados derechos de niñas, niños y adolescentes, dado que da la pauta de cómo y ante quién debe hacerse efectivo su derecho de ser escuchados en el juicio que afecte sus intereses.

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