Opinión

Roberto Martínez Hernández|Economía solidaria y de autogestión: el caso de las monedas locales

Vivimos ante un paradigma sin precedentes en la historia económica mundial. El sistema financiero global, si bien ha transformado dramáticamente la calidad de vida de muchos, también ha puesto de manifiesto sus fallas, injusticias y limitaciones propiciando, en ocasiones, esquemas de estancamiento y subdesarrollo. Ante esto, hay quienes han propuesto esquemas de economía solidaria y de autogestión, para fomentar el desarrollo regional. 

La idea es combatir la pérdida de valor de la moneda, la inflación y, por ende, la pérdida en la capacidad de poder adquisitivo. Esto ha funcionado principalmente en poblaciones pequeñas en las que, a través de sociedades cooperativas de producción, se substituye parte de la moneda corriente por otras monedas llamadas “complementarias” o “vales”, que sólo pueden gastarse en esa comunidad. Estos vales garantizan el consumo local, ya que –al no tener validez oficial– se retiene en el poblado el control respecto de su valor asignado.

En México hacer esto es ilegal, puesto que sólo el Banco de México puede emitir moneda. El único caso que hay en nuestro país de una moneda para fungir como una “alternativa” al peso se sostiene por una clara ideología de confrontación, y ha sido objeto de investigaciones por parte de la PGR. En un video difundido por la Universidad Veracruzana, los que sostienen esta otra moneda afirman: “Por lo menos podemos hacer un acto de desobediencia ante el sistema que nos domina; ante el sistema capitalista. Y hagamos una moneda alternativa, que es la que hemos estado estudiando durante varios años”. Esa idea de oposición restringe notablemente el potencial de la moneda local, que es una buena idea, como un instrumento que puede adoptarse por el Estado como parte de su política de desarrollo económico regional. Ante esto, es lógico que haya una preocupación legítima por parte de las autoridades. Sin embargo, quienes han propuesto estos esquemas de monedas locales en Europa y Estados Unidos han desarrollado un enfoque de ver este instrumento como un complemento y no como una “moneda alternativa”: es como si la comunidad gastará en vales que sólo valen en los negocios afiliados a la red, y no en euros o dólares. En Alemania y Nueva York han logrado conciliar esquemas con la autoridad pública para que ganar y gastar en monedas locales no genere evasión fiscal.

Usar monedas locales obliga a los integrantes de una comunidad a gastar su dinero ahí mismo. Esto podría ser de especial ayuda en nuestro país en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, que necesitan de un esfuerzo diferenciado de desarrollo regional, por sus altos niveles de pobreza y de informalidad, y por su bajo atractivo para la inversión extranjera. Esto podría fortalecer los lazos de solidaridad en las comunidades y en los ejidos para que el desarrollo, en lugar de obtenerse de una forma asistencialista/paternalista, se dé de una forma más horizontal, en la que el papel de la autoridad se vaya reduciendo hasta solamente coordinar los programas de monedas locales.

En Estados Unidos la creación de monedas distintas al dólar no se encuentra prohibida por la ley. Lo anterior, siempre y cuando las operaciones que se registren paguen el impuesto correspondiente. Incluso el creador de las Ithaca Hours, en Nueva York, afirma estar legalmente constituido como una Unión de Crédito. De igual forma, en un reportaje de la moneda local de Massachusetts se empieza narrando que existe una persona que hace monedas en su oficina, pero aclarando que no se trata de un “counterfeiter” (delincuente falsificador de billetes).

La globalización condena a las regiones caracterizadas por una dinámica de baja infraestructura a permanecer en esa situación o a empeorar. Lo anterior, toda vez que si no se tiene cuidado, se pueden desincorporar los incentivos para la industrialización y el crecimiento de la dinámica local en las localidades con una estructura social y económica débil. A la larga, aunque los bienes van en dirección contraria al dinero, las personas tienden a emigrar hacia la dirección en la que fluye mayoritariamente el capital, puesto que ahí se requiere emplear a las personas que produzcan los bienes que se exportan hacia otras partes del mundo. 

Los gobiernos tienen el desafío de tomar la acción necesaria para combatir de forma adecuada el malestar social que la globalización no puede remediar por sí sola. La organización de esquemas monetarios para arraigar el sentimiento regional, instrumentalizar el subdesarrollo y obligar al consumo local, no deben de ser esfuerzos aislados de particulares, sino programas convertidos en políticas públicas. Cuando menos, deben de estar regulados en la ley. Es ilógico que en México prohibamos estos esfuerzos que complementan los esfuerzos estatales. Si bien pudiera parecer en esencia que la admisión al orden jurídico de estos mecanismos tocaría fibras sensibles que alarmen al banco central, el contexto internacional nos enseña que, más que preocuparse, habría que ocuparse en seguir estudiando estas ideas innovadoras recientes, que buscan los mismos objetivos que los que se supone que asume el Estado al representarnos a todos. Más allá de la economía está la sociedad. La primera debe de estar al servicio de la segunda, y no al revés. Si la organización social, constituida sobre bases de solidaridad, cimienta sus relaciones interpersonales en esquemas económicos sólidos y atractivos, produciremos prosperidad.



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