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Pensando en la gente

Funcionarios sumisos: obras fallidas

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Funcionarios sumisos: obras fallidas

El servidor público es una persona orientada por el deseo de servir y atender las necesidades de su comunidad, poniendo a disposición de ésta sus capacidades y habilidades. El artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León establece que los servidores públicos deberán de observar entre otras directrices: conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones; satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares; administrar los recursos públicos sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, entre otras. 

Los funcionarios públicos del estado, sobre todo los altos mandos, están para asesorar, orientar y ejecutar los programas estratégicos del gobierno. Su papel no es obedecer sumisamente las órdenes del jefe del Ejecutivo, sino contribuir con él, para formular de manera racional y objetiva sus propuestas y convertirlas en acciones factibles que beneficien a la sociedad nuevoleonesa. Lamentablemente, los secretarios y directores del gobierno estatal son incapaces de contravenir las órdenes del gobernador Samuel García; al final, quienes salen perdiendo son los ciudadanos con tantas fallas e improvisaciones, ya que la obra pública se atrasa, se alarga o de plano se cancela. Veamos dos ejemplos que confirman lo anterior:

1. La semana pasada, la Tesorería estatal declaró desierta la licitación con la que se buscaba adquirir el primer endeudamiento de la actual administración, por un monto de hasta $2,500 millones de pesos. El proceso iniciado desde principios de enero del presente año, fue suspendido una semana antes del cierre de registro para los bancos interesados en participar. Los tiempos establecidos por el gobierno estatal en esta licitación no coincidían con los requeridos por las instituciones bancarias para cubrir todos los procedimientos, por lo que solicitaron más tiempo para analizar y en su caso autorizar el financiamiento. En lugar de aplazar las fechas, el Tesorero canceló el proceso y declaró desierta la licitación. Todo por seguir al pie de la letra lo que le indicaba el gobernador. 

Se supone que con estos recursos arrancarían varias obras prioritarias, como las líneas 4 y 5 del Metro, la modernización del Sintram y las carreteras Interserrana y La Gloria-Colombia. Se anunció que pronto se lanzará otra licitación, mientras tanto, la obra pública sigue como proyecto, esto es, los papeles y los planos siguen en los escritorios del Palacio de Cantera. El secretario de Finanzas, Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra, no es un neófito en el cargo, ni mucho menos está “aprendiendo”, lleva más de seis años en su puesto, por lo cual no se justifican este tipo de equivocaciones.

2. Lo anterior no fue un hecho aislado, también sucedió en otra área donde su titular lleva toda una vida dedicada a la función pública, es el caso del Lic. Hernán Manuel Villarreal Rodríguez, el súper secretario que lo mismo se encarga de la obra pública que del transporte público. En relación con la licitación para Modernizar el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (Sintram), sin detenernos en los posibles conflictos de intereses y en las denuncias públicas que lleva arrastrando, sólo me enfocaré en la valoración inadecuada que realizó el citado funcionario. La administración estatal estableció un tope de $1,100 millones de pesos a dicha licitación, pero las empresas que participaron, entre otras, Semex e Int Intelligence and Telecom Technologies México se sobrepasaron en $696 y $1,053 millones de pesos, respectivamente. 

Es injustificable que un funcionario que toda su vida se ha dedicado a los temas de movilidad no sepa lo que cuestan las cosas y haya impuesto una cifra tan inferior al tope de esta licitación, todo por seguir las indicaciones de su jefe, quien al referirse al proyecto del Sintram, se jactaba: “Los seis años (del ‘Bronco’) lo quisieron meter al presupuesto federal y nunca se los autorizaron. ¿Por qué? Porque traía ‘copete’; $1,400 millones (de pesos presupuestaron) y hoy sabemos por proveedores que se ocupan como $1,000 o $1,100 (millones)”. De nueva cuenta, los proyectos estratégicos se “quedan en el aire” por una indicación caprichosa y sin fundamento y, peor aún, sin que los secretarios se atrevan a corregirle la plana a su jefe. 

Con base en lo anterior, se deja entrever que el jefe del Ejecutivo estatal está rodeado de mucha gente dócil, cuya única función es cuidar su trabajo a costa de una humillación permanente y de guardar en una caja fuerte sus convicciones e ideales. Nuevo León requiere urgentemente que sus funcionarios públicos actúen con lealtad institucional, que impongan sus criterios con base en su experiencia y capacidad profesional, buscando siempre la satisfacción de los intereses colectivos; esto es, que se asuman como representantes del interés público. 

En conclusión, para que un gobierno sea exitoso debe contar con las mejores mujeres y hombres, quienes deberán tener carácter y principios para hacer valer su verdad en beneficio de lo único importante: la gente.

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