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Asesoría Legal

Inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales

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Inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales

Contundente precedente acaba de establecer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien el pasado lunes 25 de octubre resolvió que la prisión preventiva oficiosa en los asuntos que tengan relación con delitos de contrabando, defraudación fiscal y aquellos relacionados con comprobantes fiscales son inconstitucionales.

Como antecedente, vale señalar que el pasado 8 de noviembre de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas y adiciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley de Seguridad Nacional, al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Penal Federal y al Código Fiscal de la Federación.

Dicha reforma de manera muy puntual establecía que cuando una persona fuera objeto de un proceso penal y ese proceso penal estuviera relacionado con delitos de orden fiscal (defraudación fiscal, contrabando, etc.), la persona debería permanecer en prisión mientras se dictara sentencia en el juicio oral penal correspondiente.

En contra de dichas reformas, un grupo de oposición de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un medio de impugnación denominado acción de inconstitucionalidad; dichas acciones fueron admitidas y radicadas bajo los números 130/2019 y su acumulada 136/2019.

Básicamente el reclamo contenido en las acciones de inconstitucionalidad es que la prisión preventiva oficiosa atenta contra el debido proceso penal y en contra de la presunción de inocencia.

Debe señalarse que el ministro José Fernando Franco González Salas fue el encargado de proyectar la sentencia que fue objeto de debate, en dicho proyecto se establecía la validez de la reforma desestimando así todas los argumentos vertidos en las acciones de inconstitucionalidad.

Ahora bien, nuestro máximo tribunal constitucional estableció en primer término que el proceso legislativo; es decir, el proceso de creación de las reformas señaladas, fue correcto, al haberse respetado todos los pasos que conforman la creación de una ley o su reforma.

Sin embargo, la discusión en el Pleno de la Corte continuó y se determinó por mayoría de 8 votos que los numerales que preveen prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, son violatorios de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende deben invalidarse.

Durante el debate el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea señaló de manera categórica que “la prisión preventiva oficiosa es abiertamente inconvencional, porque es una sentencia adelantada”.

Fueron diversas las razones expresadas por los ministros, quienes argumentaban que era excesivo que el legislador calificara esos delitos como amenazas a la seguridad nacional, pues no se trata de conductas que atenten directamente contra esta última; así tambien se dijo que la prisión es una medida excepcional que sólo puede decretarse en perjuicio de un procesado, cuando existe un riesgo comprobado de que dicha persona evadirá la acción de la justicia o afectará la investigación, sin que sea suficiente la peligrosidad del sujeto o el tipo de delito por el cual está siendo procesado, pues de lo contrario se vaciaría de contenido el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia.

El proyecto de sentencia propuesto por el ministro Franco González fue retirado, y se ordenó el returno del asunto a un diverso ministro para que elaborara el nuevo proyecto de resolución.

Sólo queda esperar el precedente de dicho asunto, el cual sin duda será lectura obligada para todos los operadores jurídicos del país, ya que los planteamientos contenidos en dicha sentencia servirán no sólo para delitos de conotación fiscal, 

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