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Asesoría Legal

Interés superior del niño en el amparo

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Interés superior del niño en el amparo

Cuando en términos legales hablamos de menores de edad, es casi inevitable pensar de manera inmediata en el interés superior de la niñez. Esta figura ju-rídica no es nueva, tuvo reconocimiento constitucional a razón de la reforma constitucional de 2011; sin embargo, desde 1990 el Estado mexicano ya ha-bía tenido contacto con el referido concepto jurídico, al haber ratificado la Convención Sobre los Derechos de la Niñez.

Ahora bien, ¿qué es el interés superior del menor?, la respuesta a dicha inte-rrogante es muy compleja de exponer en estas líneas por lo amplio del con-cepto; no obstante, para efectos legales podemos establecer válidamente que el principio del interés superior del niño busca la mayor satisfacción de todas y cada una de las necesidades de niñas, niños y adolescentes; su apli-cación exige adoptar un enfoque basado en derechos que permita garantizar el respeto y protección a su dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual; asimismo, el principio señalado debe ser la consideración primor-dial en la toma de decisiones relativas a niñas, niños y adolescentes, por tan-to se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para el niño.

En ese orden de ideas, todos los órganos jurisdiccionales, autoridades admi-nistrativas y órganos legislativos (federal y locales) tienen la obligación de tomar en cuenta el interés superior como una consideración primordial y pro-mover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas menores de edad de conformidad con los principios de universalidad, interdependen-cia, indivisibilidad y progresividad.

Dicho lo anterior, debe señalarse que el dentro del Juicio de Amparo 500/2021 resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Laboral de Jalisco, se estableció un criterio muy importante que tiene que ver precisa-mente con la protección a derechos de los menores de edad.

Veamos, la madre de unos menores de edad promovió un procedimiento la-boral a fin de que se decretara por la autoridad laboral competente que ella y sus menores hijos eran beneficiarios de un difunto trabajador, que resultaba ser el esposo de la promovente y padre de los menores de edad; cabe pun-tualizar que en dicho procedimiento se nombró a un profesionista del derecho como abogado por parte de la madre de familia.

Desahogados los trámites del procedimiento, se dictó resolución, la cual fue combatida por parte del abogado mediante juicio de amparo, esto es, dicho profesionista fue quien firmó la demanda de amparo en nombre y represen-tación de la señora y los menores.

La parte contraria presentó un incidente de falta de personalidad, aduciendo en esencia que el abogado no tenía facultades para presentar el amparo en favor de la mamá, ni de los menores, señalando que el Tribunal Colegiado declaró parcialmente fundado dicho incidente de falta de personalidad, por-que, en efecto, el abogado no tenía las facultades para presentar el amparo en representación de la señora; sin embargo, con relación a los menores de edad, se determinó que cualquier persona puede promover juicio de amparo a favor de menores de edad, aún cuando carezca de representación.

La decisión del tribunal se centró en el principio del interés superior del me-nor, el cual consiste, entre otra cosas, en el derecho de los menores de edad a participar en procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica, contando los menores con una protección constitucional y convencional refor-zada que implica eliminar obstáculos que les imposibiliten el acceso a la im-partición de justicia. 

En ese sentido, resolvió el órgano jurisdiccional que la posibilidad de que cualquier persona acuda a instar el juicio de amparo en favor de un menor de edad, no se debe limitar a los supuestos en los que su legítimo representante se encuentre ausente o se desconozca quién es, sino que debe extenderse a cuando quien acuda a instar el juicio de amparo carezca de la representación del menor en virtud de una defectuosa delegación de facultades en el proce-dimiento de instancia, ello porque la deficiencia en la delegación de la repre-sentación no puede trascender en perjuicio del menor, de modo que le impi-da el acceso a la administración de justicia.

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